Pero la fecha ha llegado y no hay el menor atisbo de urnas. La razón es que el PP está utilizando todos los mecanismos del Estado para impedir que la ciudadanía donostiarra pueda decidir. Es una forma de decir «también aquí mando yo» a pesar de que la cantidad de votos que este partido obtuvo en Donostia en las últimas elecciones municipales está por debajo del número de quienes respaldaron la solicitud de consulta.

Primero fue el delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, quien recurrió el Reglamento Municipal de Consultas, aprobado la legislatura pasada con el respaldo de toda la corporación, incluido el PP. Y los tribunales dieron la razón al hoy ex delegado, porque, en este dechado de virtudes democráticas que es el Estado español, preguntar a la gente, aunque sea sobre un asunto aparentemente tan básico, incluso banal, como la manera en que deben utilizarse las instalaciones municipales, es algo que, debe hacerse lo mínimo imprescindible, hasta el punto de que requiere del permiso nada menos que del Consejo de Ministros. Que se empieza preguntando a la ciudadanía de qué color prefiere que pinten la fachada del kulturetxe y se termina votando sobre la españolidad de Perejil o la independencia de Catalunya, oiga.

El gobierno municipal aceptó el veto, no sin antes protestar por el ataque a la autonomía municipal. Pidió permiso formalmente al Gobierno de Rajoy y fijó la consulta para el 19 de febrero. Pero la fecha se ha echado encima sin que el Consejo de Ministros se haya pronunciado. El alcalde, Eneko Goia, declaró recientemente que quizá lo haga a mediados de marzo. Ya veremos. Pero de momento el PP se ha salido con la suya, no solo porque ha dejado bien claro quién manda, sino porque el gobierno municipal ya da por hecho que, «como no se ha podido realizar la consulta», en la próxima Aste Nagusia se volverán a matar toros en Illunbe.

Y también en esto hay que ser claros. Es verdad que el PP es el máximo responsable de esta estocada a la voluntad de la ciudadanía donostiarra, pero no es el único. Porque, si Goia realmente considerase tan grave como dice la injerencia del Gobierno español, bastaría con invertir los términos de la ecuación, es decir, bastaría con que no cediese Illunbe para celebrar matanzas en lo que no pueda convocarse la consulta. Vamos, una moratoria en la concesión de usos de Illunbe hasta poder conocer la opinión de la ciudadanía. Goia, del mismo modo en que reinstauró las matanzas nada más llegar a la Alcaldía, puede declarar una moratoria sobre las mismas. Tiene plena potestad para ello, ya que, desde el punto de vista legal, el Ayuntamiento es muy dueño de decidir si cede sus instalaciones para este u otro evento, lo que no puede hacer es consultárselo directamente a los ciudadanos. Vale, es una paradoja, un sinsentido, si lo prefieren, pero la democracia española se caracteriza por este tipo de singularidades.
 

Cabe esperar que la consulta termine convocándose más pronto que tarde y que, entonces, la ciudadanía donostiarra sepa responder adecuadamente a esta estocada que le ha infligido el PP.