No somos ni seremos tan demagogos como para considerar que todos los tipos de actos violentos documentados, por el hecho de serlos, tienen la misma gravedad. Pero tampoco somos ni seremos tan irresponsables como para hablar de paz sin reconocer a todas las personas que padecieron la violencia en sus mil formas de ejercerla. No comparamos, pero tampoco obviamos.

Asimismo, no somos ni seremos tan ingenuos como para negar que aún hoy en día hay azpeitiarras que sufren la vulneración sistemática de sus derechos más fundamentales, a través de la dispersión carcelaria de sus familiares presos. Por pura venganza y siendo ejercida por estados europeos que defienden formalmente los Derechos Humanos.

Clases de vulneraciones y número de personas documentadas: contra el derecho a la vida: 13, 2 de ellas en investigación; contra la integridad física, psíquica o moral: 83; amenazas graves: 19; extorsión económica: 5; otras vulneraciones: 30; vulneraciones actuales, presos y presas dispersadas: 3.

Estos son los escalofriantes datos de la investigación realizada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi durante los dos últimos años, en relación a las vulneraciones de derechos humanos padecidas en Azpeitia y contra azpeitiarras desde 1960 y hasta la actualidad. Unos datos que nos acercan a la verdad de lo sucedido. No a una verdad parcial que oculta a los otros para recordar solo a quienes se consideran los propios, o con el objetivo de crear un relato interesado y dogmático.

En este sentido, somos conscientes de que la justicia oficial estatal ha reconocido exclusivamente a algunas víctimas y, por ello, vamos a trabajar con la víctimas olvidadas, con aquellas que no han tenido acceso a la acción de los tribunales, como por ejemplo los casos de torturas archivadas, o las coacciones y amenazas graves. Y es que para nosotros todas esas personas tienen derecho a la verdad, al reconocimiento y, aunque sea más difícil en el actual marco, a la justicia.

Asimismo, y con carácter de urgencia e independientemente de la actitud de otras instituciones públicas, el Ayuntamiento de Azpeitia va a seguir actuando en contra de las actuales y presentes vulneraciones de derechos humanos. Estamos ante una exigencia humana, ética, social y política, y por tanto para nosotros es un deber público la defensa de estos derechos humanos.

En concreto, queremos mencionar los derechos de las personas presas y dispersadas. Vamos a actuar con los agentes que defienden los derechos humanos para proponer medidas concretas para que estas vulneraciones de derechos desaparezcan, como ha ocurrido con otras conculcaciones.

Por todo ello, no somos ni seremos demagogos ni irresponsables. Porque nuestro esfuerzo se dirigirá siempre a conocer toda la verdad para reconocer a todos y todas los que sufrieron algún tipo de vulneración de sus derechos más fundamentales. Solo aquellos que ocultan ciertas conculcaciones pueden caer en la demagogia. Solo quienes utilizan la política penitenciaria para conculcar derechos humanos y quienes miran a otro lado pueden caer en la hipocresía. Solo aquellos que desprecian a ciertas víctimas, e incluso a la sociedad vasca en su conjunto como si no fuera lo suficientemente madura como para reflexionar sobre su pasado y presente, pueden caer en la irresponsabilidad de negar el conflicto político que ha vivido este país, y que aún hoy está por finalizar.