Oskar Fernandez Garcia
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación

Interminables décadas de represión y brutalidad

En la imagen colectiva, de una gran parte de las personas que habitan la Comunidad Autónoma Vasca, quedará de manera indeleble e imperecedera la abominable represión y brutalidad ejercida a lo largo de interminables lustros por la Ertzaintza.

Con el transcurrir del tiempo se realizarán estudios académicos, periodísticos y tesis doctorales sobre la actuación que ha tenido esa policía autonómica –y según parece no ha de concluir– sobre diferentes colectivos de este pueblo, realizando sobre ellos una sistemática, dirigida y sibilinamente pensada y estudiada represión y persecución.

Colectivos de jóvenes solidarios, comprometidos en los muros populares y en las más diversas y nobles causas en pro del género humano y del entorno, estudiantes, universitarios, personas trabajadoras, sindicalistas, desahuciadas, paradas y parados, manifestaciones pacificas con personas mayores y pequeñas criaturas…, y sobre todo y por encima de todo contra la izquierda abertzale, todos pudieron comprobar, in situ, y ser testigos, de unas actuaciones absolutamente desproporcionas; ajenas absolutamente a cualquier pauta, criterio o modelo mínimamente democrático para una policía que surgió a caballo entre dos siglos y en Europa.

La violencia, la brutalidad, el desprecio, la falta de consideración, la ausencia de respeto, equidad y mesura hacia esos colectivos han sido una constante a lo largo de terribles, obscuras y terroríficas décadas.

El 22 de junio de 1995, la donostiarra Rosa Zarra Marín, de 58 años de edad, se desplomaba, mortalmente herida, por un pelotazo lanzado por la policía autonómica «a menos de una decena de metros del lugar en el que se encontraba». Transcurridos ocho días de agonía, fallecía el 30 de junio en el Hospital Arantzazu de Donostia. Aquel fatídico, aciago y negro día del solsticio de verano de 1995 multitud de personas se manifestaban en la capital de Gipuzkoa como rechazo, repulsa y denuncia de los acontecimientos terribles, dantescos e increíbles que habían ocurrido el día anterior en el cementerio de Tolosa.

Cuando los familiares, allegados y amigos de Josean Lasa y Joxi Zabala se disponían a inhumar sus restos, la policía autonómica realizaba una carga brutal, desmedida y absolutamente increíble contra las personas allí presentes. Las imágenes difundidas a través de medios audiovisuales sobre aquella barbaridad ejercida en el cementerio de Tolosa dejarían un recuerdo imborrable en las retinas de una gran parte de la ciudadania vasca.

Estas dos «actuaciones» del mencionado cuerpo policial no conllevaron, a pesar de su extrema gravedad, ninguna consecuencia ni penal ni disciplinaria. Ni los máximos responsables directos del cuerpo policial ni los responsables políticos, en el gobierno de vascongadas de aquella época, adoptaron ninguna medida para corregir unas intervenciones policiales más propias de un estado de sitio, tras un golpe fascista, que de una comunidad asentada en un continente en el que, tres siglos antes, se había establecido que la razón debía ser el eje motriz de la conducta humana.

Transcurridos siete años, el 14 de septiembre del 2002, una multitudinaria y masiva manifestación en Bilbao, absolutamente pacífica y con personas de todas las edades, sufrirían por enésima vez la brutal, despiadada y terrible actuación de la Ertzaintza. Un reguero de personas heridas, entre ellas algunas muy graves; una de ellas perdió un ojo, otra un testículo, constituían nuevamente una imagen desoladora, terrorífica y escalofriante sobre los medios represivos que se utilizaban con absoluta impunidad y sistemáticamente contra cualquier expresión que supusiese denunciar de manera rotunda y evidente una situación sociopolítica y económica insostenible.

Una vez más, los máximos responsables policiales y políticos no vieron, ni consideraron ni intuyeron la imperiosa necesidad de realizar, al menos, una mínima reflexión, análisis y valoración de los acontecimientos tan repudiables ocurridos. Un arma de fuego tan letal y destructiva, como ya se había manifestado reiteradamente, y era más que evidente, se seguiría utilizando contra una ciudadanía pacífica y exclusivamente poseedora, eso sí, del arma más poderosa: la razón.

Transcurrida una década, de la imborrable imagen de la intransigencia, intolerancia y brutalidad policial de aquel año 2002, en marzo del 2012, en el contexto de una huelga general en la capital alavesa, Xuban Nafarrate sufría el brutal y despiadado impacto de un pelotazo, disparado a escasos metros de él, nuevamente por un agente de la Ertzaintza, tal y como lo acreditaba una prueba pericial. Pasó 19 días ingresado en un centro hospitalario con un derrame cerebral.

Nuevamente esa arma, terrorífica que lanza proyectiles esféricos con una fuerza sobrecogedora –al salir es proyectada con una velocidad superior a los 700 km/h– era dirigida contra un ciudadano, en el ejercicio de la libre expresión de sus más básicos y fundamentales derechos. Una lesión tan extremadamente grave no supuso ningún tipo de reflexión o valoración ni sobre su uso indebido, temerario, ilegal e inhumano por parte de los agentes del cuerpo policial autonómico, ni sobre la peligrosidad letal de las escopetas lanzapelotas.

En la triste y desoladora historia de Euskal Herria se acababa de escribir una crónica que anunciaba a los cuatro vientos la eminente muerte de otro ciudadano. No había transcurrido ni un mes de los sucesos de Gasteiz, cuando en Bilbao, al filo de la media noche de un día que permanecerá imborrable en el imaginario colectivo de este pueblo, caía desplomado, abatido y aniquilado el joven Iñigo Cabacas Liceranzu. Un agente de la Ertzaintza disparó un letal proyectil que impactó brutalmente contra su cabeza.

Aquel 5 de abril del 2012, se transformó en un día de una profunda, densa e inconmensurable amargura y dolor. A Iñigo Cabacas se le arrebató su vida de una forma absolutamente brutal, despiadada e inmisericorde. Quien tenía que haber velado por sus derechos básicos e inalienables de protección, de seguridad, amparo y garantía de su vida fue, precisamente, quien se la arrebató de una forma increíble, dejando a la población en estado de perplejidad absoluta y en shock total.

Todas las circunstancias y el contexto en el que se dio esta auténtica tragedia humana han hecho del «Caso Cabacas» un auténtico paradigma de lo que jamás debieron de ser unas actuaciones policiales y por ende políticas.

Pero nuevamente, y por enésima vez, quien realmente tiene el poder sobre el cuerpo policial autonómico, la cúpula del partido jeltzale, se puso una negra y opaca cinta sobre los ojos y unos densos tapones en sus oídos –al igual que hizo el gobierno de Patxi López– inhibiéndose totalmente de la responsabilidad que a ellos les señalaba tras hacerse nuevamente con el gobierno.

Han transcurrido cinco años del luctuoso y execrable suceso que, fulminó la vida de un joven de esta comunidad autónoma, y arrojó a sus padres, a su familia, amigos y amigas a un pozo insondable de dolor, amargura e impotencia, que dejó perpleja y en estado de absoluta incredulidad a gran parte de la población, que le era imposible dar crédito a que se hubiese llevado a cabo y materializado una actuación policial tan desmesurada e increíblemente letal, que hasta la misma jueza instructora, Ana Torres, calificaba, en el auto que Iñigo Cabacas Liceranzu murió como consecuencia de haberse «incumplido los principios básicos de proporcionalidad, prudencia, necesidad y seguridad».

Las circunstancias en las que acaeció la muerte de Iñigo Cabacas hacen que sea absolutamente imposible –a la luz de la razón, la equidad, la mesura, la justicia, el derecho internacional, los DD.HH., los tratados internacionales sobre los derechos fundamentales inherentes a las personas– justificar las actuaciones de la escala de mandos del cuerpo policial, haciendo recaer la responsabilidad absoluta, total y penal sobre el último eslabón en la cadena de mandos. Es un despropósito absoluto e insostenible desde cualquier punto de vista humano, social, académico, jurídico y científico…

Una nueva muerte acaecida por un comportamiento, unas actuaciones, unas pautas y modelos de conducta, unos sistemas referenciales; en definitiva una manera de tratar a la población, en diferentes circunstancias, de una forma absolutamente impropia e innecesaria, máxime en un contexto diametralmente diferente al que existió durante varias y largas décadas, debieran de estar hace ya tiempo absolutamente desterradas, descartadas y rechazadas como forma cotidiana e insertada en la actuación de la Ertzaintza. Pero nuevamente se pudo constatar que no se dieron ni órdenes correctoras, ni se implementaron ningún tipo de planes de cómo actuar, tratar, intervenir y dirigirse a la población a quien deben, por encima de todo, y en principio, un escrupuloso respeto.

Transcurrido un año de la muerte de Iñigo Cabacas Liceranzu, el 19 de abril del año 2013, en uno de los muros de la solidaridad, en este caso en Donostia, en el Boulevard, fue separada del grupo violentamente, la joven, Edurne Martínez. Agarrada de la coleta, la tumbaron boca abajo, la detuvieron y un ertzaina se sentó sobre ella. Su calvario acababa de comenzar. Fue acusada de un delito de atentado y lesiones a uno de los agentes. Le esperaba la cárcel, cuando todo era absolutamente mentira. Gracias a la existencia de un vídeo el Juzgado de lo Penal nº 5 de Donostia la absolvió de la falsa, insidiosa e increíble mezquindad de quien debiera haber protegido todos sus derechos, comenzando por haber sido sacada del muro con total respeto, cuidado y miramiento.

Se seguía igual, sin tomar ni la más mínima medida correctora para garantizar una mínima e idónea gestión de cualquier intervención de la Ertzaintza. Se hacía evidente que una gestión mínima de calidad era algo completamente indiferente al subsodicho cuerpo policial por parte de sus gestores.

El 30 de septiembre de ese mismo año, nuevamente la población vasca se quedaba perpleja ante una brutal, desmedida e inconcebible actuación de un agente policial autonómico. El caso revestía una extrema gravedad ya que el policía tenía ante él a una representante del pueblo perfectamente identificada como senadora, en actitud absolutamente pacífica, conciliadora y dialogante, pero la brutal y salvaje respuesta fue un porrazo, absolutamente ilegal en cualquier texto o tratado de actuación de los diferentes cuerpos policiales europeos, que le supuso una brecha en la cabeza que requirió seis puntos de sutura.

La reflexión es evidente e inmediata si a una senadora correctamente identificada le propinan semejante golpe irracional y atroz, qué no harán a una ciudadana anónima.

Por supuesto, todo siguió igual. No había nada que cambiar, modificar o corregir. La Ertzaintza, por lo visto, para esos cargos públicos que detentan el poder sobre ella era una institución inmaculada, intachable e irreprochable.

Al año siguiente, el 15 de diciembre del 2014, acaecía en Gernika otra actuación de la Ertzaintza que dejó unas imágenes imperecederas por su brutalidad y violencia Ese día era detenida la joven, Jone Amezaga, tras haberse formado un muro popular en solidaridad con ella. La policía autonómica actuó, por enésima vez, brutalmente y sin el más mínimo rigor de proporcionalidad y mesura. Julia Lanas, una mujer de 94 años, tuvo que padecer y sufrir la brutal violencia de una carga que le causó «fractura de la muñeca izquierda, además de abrasiones en las piernas y cortes en la mano»; y la convirtió en dependiente, a una mujer que se valía por sí misma a pesar de su edad. Las imágenes eran impactantes, tristes y desgarradoras. Julia Lanas en sus declaraciones exponía con una claridad sorprendente y conmovedora: «… estaban dando a diestro y siniestro e iban como locos…».

El triste, doloroso y abominable caso de Julia Lanas tampoco supuso ningún tipo de reflexión por parte del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Transcurridos cinco meses, el 17 de mayo del 2015, ante la aborrecible y execrable actuación de la Ertzaintza contra el muro solidario y popular en Gasteiz, se presentaron 42 denuncias. En ellas se hacía constar «…los golpes propinados por los agentes, así como los insultos y amenazas machistas…». La abogada Andere Arriolabengoa sostenía que la policía autonómica no respetó el principio de proporcionalidad: «…fue una violencia indebida e injustificada ante la actitud pasiva de los congregados…».

La valoración de Arriolabengoa se podría convertir perfectamente en el corolario o síntesis de la actuación de la Ertzaintza desde su creación: violencia injustificada ante la actitud pasiva de la ciudadanía.

Es evidente que el modelo de actuación y las pautas de intervención de ese cuerpo policial están basadas en la violencia y con un armamento que llega a convertirse en letal, por lo tanto el Gobierno Vasco y la cúpula dirigente del Partido Nacionalista Vasco demuestran una irresponsabilidad absoluta y una dejación de sus funciones lamentable, al permitir por una parte la existencia de ese armamento, por otra por no haber depurado las responsabilidades directas e inexcusables en la escala de mandos que tanta dolor, sufrimiento y autenticas tragedias humanas han sembrado a lo largo de décadas, en una significativa e importante parte de la población y evidentemente por no haber reciclado a los agentes directamente implicados, ni haber modificado, cambiado o transformado completamente los planes de estudio y formación de la Ertzaintza.

Un cuerpo policial que ha generado tanto dolor, sufrimiento y muerte no puede seguir exactamente igual como si nada hubiese sucedido. Por otra parte es un escándalo mantener el mismo número de efectivos desplegados que hace casi seis años, cuando las circunstancias eran diametralmente opuestas. Y sin lugar a dudas habría que ir a una ratio policial mucho más adecuada a la media europea. La que mantiene la CAV es un disparate, un dispendio escandaloso del erario público, máxime teniendo en cuenta las necesidades imperiosas que padecen miles de ciudadanas, y un despropósito de cómo se dilapidan los recursos humanos de los que dispone una administración.

Las tres provincias de vascongadas mantienen el ratio policial más alto de Europa: 6,9 agentes por cada mil habitantes. Este porcentaje dobla la media de la mayoría de los países integrantes de la UE. En Alemania el ratio es 2,9, en Irlanda del 2,6. Sin lugar a ningún tipo de duda habría que ir al modelo finlandés, donde la ratio es 1,4 agentes por cada 1000 habitantes.

Este modelo de policía autonómica es una auténtica pesadilla para quien ha sufrido directa o indirectamente las consecuencias de su violenta, desmesurada y desproporcionada forma de actuar y una lacra inaguantable para el conjunto de la población. Por lo tanto es incuestionable e insoslayable que se requiere un cambio estructural y total de la Ertzaintza; cambio que de ninguna de las maneras se dará con gobiernos del PNV ya que, a lo largo de estos tortuosos, amargos y despiadados años, esos gobiernos no solo han defendido, a capa y espada, contra viento y marea, todas las aborrecibles actuaciones de la Ertzaintza, sino y esto es lo más grave ha quedado demostrado de manera fehaciente y axiomática que no quieren cambiar ni un ápice los reglamentos que rigen la formación y actuación del cuerpo policial, y muchísimo menos realizar una profunda transformación.

Por lo tanto –al igual que se logró mediante la unidad popular desbancar del Gobierno de Nafarroa a una derecha cerril e intolerante– será necesario establecer todo tipo de estrategias sociopolíticas, sociológicas, humanas, académicas, económicas, sociolingüísticas, etc., para alcanzar el gobierno de la CAV y crear un cuerpo policial, diametralmente opuesto al actual; en consonancia directa con las necesidades reales, fundamentales y básicas de la ciudadanía y no como, hasta ahora ha sido, ariete contra este pueblo.

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