Colectivo “A Casa/Etxera“ de la diáspora en Argentina
La situación argentina

Conmovedoras manifestaciones pacíficas como la efectuada el viernes pasado incomodan al ejecutivo, y de ahí el empleo de tretas como el empleo de provocadores y la generación de disturbios para disuadir a los interesados en participar. Más aún, la reiterada acusación de terrorismo hacia la resistencia mapuche genera la fundada sospecha de un uso futuro de la desdichada «ley antiterrorista», promulgada por el gobierno anterior, para calificar como tal a cualquier forma de oposición.

13/09/2017

Existe una cordillera cuyo extremo se hunde en la espuma de un océano del color del plomo. En las dos vertientes de la cordillera habita desde hace milenios un pueblo orgulloso, de mujeres altas y hombres silenciosos. Construyen sus casas de madera y piedra, beben leche de cabra y cultivan con dificultad sus campos pedregosos. Pero la lluvia es abundante y en el país prospera el bosque frío de la montaña. En la primavera, los torrentes, los pájaros, las mariposas y los niños invaden los prados. Han aceptado la cruz, pero secretamente sus brujas conservan la sabiduría milenaria. La decoración de sus ropas y joyas lleva signos cuyas claves se niegan amablemente a develar. Llevan memorias de guerras con imperios y reinos ya olvidados, mientras el pueblo continuaba allí. Después tuvieron siglos de combates contra los altaneros españoles, alternados con treguas y tratados de paz que el enemigo reiteradamente rompió.

1.    Esta descripción del pueblo mapuche puede resultarle familiar a los vascos de ambas vertientes de los Pirineos. Los españoles se fueron para siempre de América sin haber podido conquistar el país al sur del río Bío Bio. Sus herederos, los dueños de las nuevas repúblicas de Chile y de Argentina, lentamente se fueron apoderando de las tierras mapuches y cediéndolas a terratenientes procedentes de muchos países. Pero el pueblo mapuche, tenazmente, sigue ahí. La resistencia continúa. Las comunidades han jugado hábilmente en los intersticios legales. En 2006 lograron la promulgación de la ley nacional argentina número 26.160, que reconoce la emergencia en materias de posesión y propiedad de las tierras «que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país». En su artículo segundo, establece «la suspensión de las sentencias o actos procesales o administrativos» que tengan por objeto el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en la ley. Bajo la tenue protección de esta norma, las comunidades mapuches iniciaron una prudente ofensiva, ocupando ciertos predios ancestrales ahora en manos de terratenientes flojos de papeles, pero no de influencias. La debilidad de la ley es que posee una cláusula de vencimiento trienal. Ya fue renovada en 2009 y 2013. Ahora tiene vigencia sólo hasta noviembre de este año. La ley fija obligaciones que el Estado Nacional debería cumplir hacia las comunidades, pero en más de una década no lo ha hecho. El Congreso de la Nación tiene la deuda doble de renovar la vigencia de la ley y obligar al Ejecutivo a ofrecer a los pueblos originarios, entre ellos los mapuches, los beneficios nunca satisfechos.

2.    En Chile los pueblos originarios reciben un trato más descomedido y la etnia mapuche es más numerosa y más organizada. Hartos de esperar, ciertos grupos resistentes han pasado a la acción directa. Chile es un país unitario, así que el Gobierno nacional tomó algunas quemas de campos y casas de terratenientes como un tema propio y calificándolos como actos terroristas, desató una caza de brujas sobre la comunidad originaria. Resulta más fácil detener a las autoridades tradicionales sedentarias aborígenes y no a los activistas, así que las cárceles chilenas se fueron poblando de líderes («lonkos») y ancianos de las tribus. El resultado de esta política enceguecida que ha sido seguida tanto por los gobiernos conservadores como progresistas, consistió en que las generaciones mayores, prudentes y experimentadas, han sido reemplazadas poco a poco en el liderazgo de las comunidades por jóvenes radicalizados que, respetando las tradiciones marciales de su pueblo, galvanizan los espíritus de sus coetáneos. Como el Gobierno chileno desdeña toda negociación, es de prever una agudización del conflicto. En ese contexto, el joven lonko Facundo Jones Huala fue acusado por la justicia chilena de toda suerte de tropelías, supuestamente cometidas por una de las corrientes denominada Resistencia Ancestral. Por más diferencias que el líder procesado tuviera con ese colectivo, éste formaba parte del gran movimiento de resistencia mapuche y por ende resulta difícil poner distancia y explicar los matices.

3.    Jones Huala cruzó la cordillera y se refugió en la Argentina. La inteligencia chilena lo detectó y solicitó la extradición. Éste es un tema peliagudo. Argentina y Chile tienen una tradición mutua de asilo político que data del siglo XIX. Los perseguidos de todo pelaje huyen de la persecución de su país al otro con normalidad. Ello continuó durante el siglo XX con la persecución de los comunistas chilenos, que se refugiaron en Argentina, y de los peronistas derrotados, quienes fugaron a Chile. Con un subterfugio formal, la justicia argentina rehusó la extradición del lonko. Tenazmente, la presidente socialista chilena Michelle Bachelet solicitó la detención del lonko al presidente conservador argentino, Mauricio Macri. Éste, que mantiene una gran afinidad con la política chilena de represión a la resistencia mapuche, sugirió enfáticamente al poder judicial argentino, colonizado por la derecha, que fallaran a favor de la extradición del líder indígena. El forcejeo se saldó por ahora, en un impasse: el lonko fue detenido y permanece en prisión, pero no fue extraditado todavía.

4.    Mientras tanto, la resistencia mapuche continúa en ambos países. El magnate italiano Benetton se apoderó durante los últimos veinte años de la increíble cantidad de un millón de hectáreas de la Patagonia argentina. No de desierto: de montes y lagos, de prados y ríos, bosques enteros, pastizales y plantaciones, animales salvajes y glaciares y lagos, un país casi. Con gente adentro. Mapuches casi todos. Una parte de la comunidad, con el paraguas de la ley 20.160, ocupó un predio de Benetton. Allí marchó el artesano veinteañero Santiago Maldonado, habitante de la ciudad de El Bolsón, cercana al lugar. Santiago no era mapuche, sino un tipo solidario que fue a tomarse unos mates con los comuneros cercados. El primero de agosto de 2017, día de la Pachamama, un pelotón de la Gendarmería Nacional irrumpió en el predio, bajo las órdenes de funcionarios del Ministerio de Seguridad. Lanzaron sobre los mapuches una lluvia de balas de goma y de plomo. La gente huyó hasta el río Chubut, cuyo cauce pudo cruzar la mayoría, pero no Santiago. Detenido por la Gendarmería, fue subido a una camioneta y no fue visto nunca más.

5.    El juez y la fiscal intervinientes calificaron al suceso como «desaparición forzada» de persona, pero declinaron profundizar la investigación de este grave delito y no se enfocaron en la obvia participación de la Gendarmería. El Poder Ejecutivo, en tanto, ha rechazado airadamente la calificación como desaparición forzada, así como cualquier responsabilidad de las fuerzas represivas bajo sus órdenes. Durante el lapso transcurrido hasta la fecha, el Gobierno nacional, con la complicidad del diario "Clarín" de Buenos Aires, su entorno audiovisual y los demás medios de difusión oficialistas, ha echado a rodar numerosas versiones acerca del paradero de Maldonado, quien habría sido supuestamente visualizado en distintas provincias argentinas y hasta en Chile, con el evidente objetivo de generar confusión y diluir la responsabilidad del Estado. Desde el 2 de septiembre circula por las redes sociales una nueva teoría, según la cual Maldonado habría sido apuñalado por un puestero de estancia durante un intento de ocupación por parte de los mapuches en el que la víctima habría participado. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha acusado a la comunidad mapuche y a la familia de Santiago Maldonado de sabotear la investigación y ocultar pruebas, en una evidente criminalización de las víctimas.

6.    Durante todo el mes de agosto, muchos eventos fueron organizados en varias ciudades de  Argentina, con la exigencia de la aparición con vida de Santiago Maldonado. El viernes 1° de setiembre, entre doscientos cincuenta y trescientos mil personas se dieron cita en la Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires. Al finalizar el acto, grupos de provocadores, no ajenos a los Servicios de Inteligencia, cometieron algunos desmanes que dieron justificación a la policía para desencadenar actos represivos nada indiscriminados: de unos treinta detenidos, aproximadamente un tercio son periodistas que recibieron lesiones físicas y destrucción de su material de trabajo. Hechos de esa índole nunca han ocurrido en la Argentina desde la época de las operaciones guerrilleras, hace más de cuarenta años. Conmovedoras manifestaciones pacíficas como la efectuada el viernes pasado incomodan al ejecutivo, y de ahí el empleo de tretas como el empleo de provocadores y la generación de disturbios para disuadir a los interesados en participar. Más aún, la reiterada acusación de terrorismo hacia la resistencia mapuche genera la fundada sospecha de un uso futuro de la desdichada «ley antiterrorista», promulgada por el gobierno anterior, para calificar como tal a cualquier forma de oposición.

7.    La familia de Santiago Maldonado ha exigido la renuncia de la ministra Bullrich por su responsabilidad en la desaparición forzada y su contumacia en mantener la versión oficial contra toda evidencia. La ya impresentable funcionaria ha sido reemplazada como vocera del gobierno en estos asuntos por su colega Marcos Peña, pero sea que se mantenga o no en su cargo, ella o quien la sustituya se encontrará con una brasa caliente en las manos: contestar la pregunta «¿Dónde está Santiago Maldonado?». Circula la hipótesis de que la administración Macri posee un ala maximalista, que intenta imponerse mediante una política de hechos consumados y zarpazos represivos sobre otra vertiente, igualmente conservadora, pero partidaria de métodos más mesurados. Da igual. La historia juzgará en bloque a un gobierno que, con tales ex abruptos aventureros y soberbios, está poniendo a prueba la convivencia pacífica de los ciudadanos.

8.    Durante la dictadura, los argentinos hemos tenido una dura experiencia en el empleo por parte del Estado de estrategias represivas, y especialmente la desaparición forzada de personas. Para imponer planes políticos y económicos antipopulares, desencadenaron la muerte, la tortura y la desaparición de decenas de miles de seres humanos, lo cual logró por un tiempo paralizar la resistencia a través del terror. Al igual que el gobierno militar que finalizó en 1983, y el de Carlos Menem durante la década de 1990, el régimen del presidente Macri es neoliberal, y en dos años de gestión ha producido una fenomenal transferencia de riquezas desde los asalariados hacia los pequeños sectores más concentrados del país. Ha barrido con los subsidios sociales y ha destrozado la red de pequeñas y medianas empresas que constituían el corazón de la industria nacional. Pero el gobierno de Macri no ha surgido de las bayonetas sino de las urnas. Para ganar las elecciones de 2015 tuvo que mentir descaradamente acerca de su programa. Tampoco la represión generalizada fue el mandato de sus votantes. Sin ella, no será fácil reducir por el pánico a las multitudes reunidas como las del primero de setiembre. El despliegue de mentira sobre mentira, basado en el dominio casi monopólico de los medios de comunicación, puede confundir por un tiempo a la opinión pública, pero tampoco puede resolver las tormentas sociales alimentadas por sus políticas recesivas. Mientras planea apretar el torniquete sobre los salarios, las pensiones y jubilaciones después de las elecciones de octubre, numerosos sectores sindicales, sociales y de minorías como la comunidad mapuche, aguardan y planifican la resistencia.

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