Es verdad que se observan ciertos avances en varios aspectos básicos de la ordenanza, como el tiempo requerido de padrón, la preeminencia de las prestaciones monetarias en detrimento de las no monetarias, el empoderamiento del papel de los trabajadores de los servicios sociales del propio ayuntamiento en todo el proceso... Se podría decir que estos aspectos son los que le dan a la «nueva» propuesta cierta sensación de «mejorar lo que había»; que lo hace, sí.

Sin embargo, analizando la propuesta más a fondo, queda constancia que hay otras muchas cuestiones que se quedan como estaban, y que la nueva ordenanza no soluciona problemas detectados con la anterior. Quizá no se ha querido cambiar esas cuestiones y dotarla de los suficientes recursos para ello.

¡Se repiten soluciones que generan injusticia!

Se ve con indignación, por ejemplo, que algunas de las prestaciones que en la pasada ordenanza han generado dificultades y situaciones inaceptables no desaparecen del todo en la nueva: prestaciones no monetarias (con cargo a tarjeta y muy inferior a lo necesario para cubrir necesidades básicas), además de muchos requisitos muy específicos que generan situaciones de injusticia.

¡No se tiene en cuenta a las personas!

No es más que burocracia y más burocracia, papeleo, dificultades, trabas..., ignorando que se trata con personas que tienen derecho y necesitan ayuda básica, urgente. No se puede obviar que estas prestaciones son la última red de protección para las personas que se ven abocadas a situaciones injustas de falta de recursos económicos u otro tipo de situaciones de grave dificultad asociadas. Estas prestaciones municipales son exclusivamente para las personas que no pueden acceder a la RGI, PCV (Prestación Complementaria de Vivienda), etc., que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad extrema: falta de recursos para comer, para pagar un alquiler…

El sistema de AMUs ha de tener como objetivo ser un soporte eficaz para que las personas que, por las circunstancias que sea están en una situación de necesidad, tengan oportunidad de salir de la misma, y puedan llevar una vida digna y de calidad.

Y es aquí donde se confirma que, tanto el actual sistema de AMUs, como la nueva ordenanza propuesta, perpetúan las situaciones de vulnerabilidad social y no sirven para que dichas personas salgan de la misma.

Por otra parte, se ha de resaltar que en la nueva ordenanza tampoco se tiene en cuenta uno de los principios básicos de la intervención social: el empoderamiento de la persona usuaria. Se ha de contar con su opinión para elegir lo que precisa y quiere para salir de la situación de desventaja social, convertirla en parte activa de todo el proceso, y no sólo en un número al que pedirle más y más documentación, papeles, certificados... A estas personas hay que proporcionarles además apoyo, ayuda, empatía, entenderlas..., siempre con la colaboración de los profesionales de los servicios sociales.

Hay riesgo fundado de que con la nueva propuesta de normativa en la mano, queden resquicios para llevar a cabo una mala gestión de las mismas en la que primen criterios económicos o políticos por encima de criterios técnicos, de justicia social y de empoderamiento de las personas perceptoras de las prestaciones. Pedimos, por todo ello, una información más clara y comprensible de las prestaciones a que tiene derecho cada persona según su situación.
Otro tema a solventar es la enorme dificultad que conlleva el acceso a dichas prestaciones porque hay una carencia de  educadores que acompañen a las personas que precisen de su ayuda.

¡Hay que acabar con el asistencialismo y la beneficencia!

Con este tipo de normativas se perpetúa el modelo obsoleto de atención social basado en el control y criterios organizativos, en modelos asistenciales y con dejes de beneficencia y no se avanza en modelos eficaces de atención basada en la persona.

¡Las trabajadoras sociales de base no son «rellenapapeles»!

Es inaceptable la carga laboral de los trabajadores de los servicios sociales, para dar un servicio de calidad: ratios enormes, número de «casos» a atender desmesurado… Esto exige dotar de más recursos económicos y de personal para que esta «nueva» ordenanza cumpla su deber básico y no convertir a los trabajadores en meros gestores de informes, peticiones, documentos...

¡No a los discursos racistas!

Mención especial requieren ciertos discursos racistas, alarmistas y tendentes a crear ruptura social, que se están oyendo en boca de representantes políticos de todas/os sabemos qué ideología, que claman como posesos con frases como «primero los de aquí», o «se va a producir un efecto llamada»… Nuestro más enérgico rechazo a este tipo de declaraciones completamente falsas e interesadas y peligrosas. Numerosos estudios desmienten categóricamente el efecto llamada. En los últimos años, lejos de darse un aumento, se ha producido un descenso en el número de personas migradas en nuestro herrialde. Y el discurso de «primero los de aquí», por mucho que traten de edulcorarlo, es valorar las necesidades de las personas por criterios de procedencia o nacimiento, y no por criterios de necesidad real, y tiene un nombre claro: racismo. ¡No hace mucho tiempo una inmensa multitud de gasteiztarras clamó «cada vez que a cambio de 4 votos despreciéis a las personas, recortéis derechos sociales o elaboréis falsos debates para tapar la corrupción, ¡aquí estaremos!»