Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación
Situaciones que no estremecieron al Estado español

Desde la aprobación de la ilegítima Constitución española de 1978, las estructuras de ese Estado –ancladas férreamente en aquella idea imperialista del S.XVI, según la cual el sol nunca se ocultaba en los dominios del rey Carlos I y V del Imperio Romano Germánico– en ningún momento, a lo largo de cuatro aborrecibles décadas, se habían visto realmente comprometidas como ahora lo están.

13/09/2017

Desde la llamada «Transición española» –un periodo lamentable, deplorable y aborrecible, que acabó definitivamente con las expectativas y esperanzas depositadas en un cambio real por millones de personas– jamás el Estado español se había visto inmerso en una tesitura tan diametralmente opuesta a sus mezquinos y colonialistas intereses socioeconómicos.

Nunca, desde la muerte del brutal dictador fascista y consumado golpista, Francisco Franco, la administración española, heredera directa de aquel genocida golpe de Estado, ha tenido que enfrentarse a una situación que le desborda completamente, que es absolutamente incapaz de gestionar y que saca a la luz de una manera diáfana y evidente las abyectas miserias, mentiras y mezquindades en las que basa su aplastante hegemonía sobre los diferentes pueblos que conforman ese Estado.

Desde la aprobación de la ilegítima Constitución española de 1978, las estructuras de ese Estado –ancladas férreamente en aquella idea imperialista del S.XVI, según la cual el sol nunca se ocultaba en los dominios del rey Carlos I y V del Imperio Romano Germánico– en ningún momento, a lo largo de cuatro aborrecibles décadas, se habían visto realmente comprometidas como ahora lo están.

Ni los terribles y dramáticos sucesos acaecidos durante el pasado siglo o el actual lograron mover el sólido y monolítico bloque institucional españolista y mucho menos agrietarlo.

En 1979 comenzaba la andadura de la I legislatura en el Estado español tras la aprobación de la Constitución de 1978. Evidentemente, como había ocurrido durante todo el proceso conocido como la «Transición española», los franquistas seguían teniendo la mayoría en todas las instituciones. En la Cámara Baja, UCD tenía una mayoría simple con 168 diputados, de un total de 350. El Presidente del Gobierno era el inefable Adolfo Suárez, un franquista total y absoluto. Dimitió unos días antes de producirse el bochornoso, abyecto y escandaloso golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando en el Congreso de los Diputados se estaba llevando a cabo la sesión de investidura del nuevo Presidente de Gobierno, otro franquista total, Leopoldo Calvo Sotelo.

Por ahora parece imposible saber, al menos a nivel divulgativo y adémico, quienes estuvieron directamente implicados y fueron «realmente» sus responsables.

Los cimientos del Estado ni tan siquiera temblaron y los partidos mayoritarios, nuevamente, hicieron gala de tragar hasta con lo indigerible e inadmisible.

La ciudadanía aún no salía de su perplejidad cuando tuvo que enfrentarse a un nuevo escándalo de consecuencias dantescas. Tras el gélido invierno sociopolítico, la estrenada recién primavera guillotinaba cruelmente el último aliento de más de mil cien personas y producía una cruel enfermedad, que afectó a más de veinticinco mil personas. Había estallado «El síndrome del aceite tóxico» o «La enfermedad de la colza», una intoxicación masiva. La causa: el uso de un aceite industrial utilizado para consumo humano, debido a «… un desmesurado afán de lucro…», según sentencia, de 1989, del Tribunal Supremo del Estado español.

Pero hay una hipótesis alternativa –sumamente documentada, realizada por diferentes profesionales e investigadores del ámbito de la sanidad– que produce, aún si cabe, mayor terror y asombro que la versión «oficial».

En esta ocasión, tampoco pasó nada. La administración estatal seguía incólume y los partidos mayoritarios seguían su anodino derrotero de claudicación permanente.
Esa I legislatura, tres meses antes de su conclusión, introdujo al Estado español en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El PSOE, entonces en la oposición estaba en contra de la OTAN. El lema que esgrimía y alzaba como estandarte era "OTAN, de entrada no".

En la II legislatura, de 1982 a 1986, el PSOE alcanzó una mayoría absoluta, aplastante y abrumadora: 202 escaños en el Congreso de los Diputados. La postura que había mantenido, unos años antes contra la mencionada organización se desvaneció y se volatilizó completamente. Se celebró el referéndum sobre la permanencia o no en la OTAN, el 12-03-1986. El Gobierno y su partido, el PSOE, hicieron campaña por el «Sí» la permanencia. Felipe González llegó a amenazar con la dimisión como Presidente del Gobierno si triunfaba el «No». El Estado español sigue formando parte de esa abominable organización.

No pasó nada. En las siguientes elecciones generales el PSOE volvió a conseguir la mayoría, 184 escaños en el Congreso de los Diputados.

La mentira salía reforzada, institucionalizada y se convertía en instrumento y medio para alcanzar el poder y el gobierno. Se había utilizado para alcanzar el gobierno en la II legislatura: «La tierra para quien la trabaja»; «Hermanos saharauis no os olvidamos»; «OTAN, de entrada no»; … ninguna se cumplió y precisamente ese partido –«socialista y obrero»– desencadenó una pesadilla para decenas de miles y miles de obreros.

La pesadilla se extendió a lo largo y ancho del Estado español con el cierre y reconversión de muchas de las grandes empresas en las que, en sus enormes instalaciones, trabajaban miles y miles de personas. La industria pesada comenzaba un terrible, angustioso y traumático proceso de extinción.

Se cerraban definitivamente las puertas del astillero de Euskalduna a pesar de una lucha encomiable por el mantenimiento de sus puestos de trabajo y que se desarrolló una huelga general del sector a nivel de todo el Estado español. Lo mismo sucedía con General Eléctrica; la Babcock se reducía a un taller; Altos Hornos de Bizkaia, la mayor empresa del Estado español a principios del S.XX, que llegó a tener hasta trece mil empleos directos, se transformó en una acería compacta con escasos 400 puestos de trabajo; …

Pero, evidentemente, no pasó nada. El poderoso, impasible e imperturbable Estado ni pestañeó.

Comenzaba a transitar el S.XXI, cuando en las costas de Galicia se producía el mayor accidente medioambiental registrado en la historia de ese país, y uno de los mayores a nivel mundial. En la fatídica fecha del 13 de noviembre del año 2002 un petrolero, que transportaba 77.000 toneladas de hidrocarburos, lanzó una angustiosa señal de socorro cuando se encontraba a la deriva frente a la costa de Galicia. Las autoridades españolas le impidieron atracar en ningún puerto español. Transcurrida una semana, el casco del buque se partió en dos y se hundió a 133 millas del cabo de Finisterre.

El entonces Vicepresidente de Gobierno, y actual Presidente, Mariano Rajoy, calificaba el vertido de fuel –que afectó a 2.000 km de la costa española, portuguesa y francesa, a los fondos marítimos y a toda la fauna y flora– prácticamente como de inocuo. Diez días después de que comenzasen a desprenderse de los tanques 67.000 toneladas de fuel, declaraba que «no es en ningún caso una marea negra, se trata sólo de manchas muy localizadas». Poco después, de que la tragedia se hubiese desencadenado, el 5 de diciembre seguía impertérrito, afirmando que el petróleo que salía por la proa no era más que «unos pequeños hilillos que se han visto, cuatro regueros que se han solidificado con aspecto de plastilina en estiramiento vertical» 
Los «hilillos» se transformaron en un dantesco desastre medioambiental de gigantescas proporciones. Muchas de las 300.000 personas que acudieron a recoger el chapapote –prácticamente con sus manos, sin medios adecuados, sin ningún tipo de preparación e información– sufrieron irreparables daños en su ADN.

No pasó nada. En las elecciones locales siguientes, en mayo de 2003, el PP repitió sus buenos resultados en la Costa da Morte. El increíble y apocalíptico desastre medioambiental se trató como si hubiese sido un suceso inevitable y «convencidos» de su buena gestión.

Las estructuras del Estado y las personas que las configuraban ni se conmovieron ante la inmensa tragedia.

Ese mismo gobierno, encabezado por J. M. Aznar –que había mostrado meridianamente su absoluta incapacidad para hacer frente a un desastre de semejantes magnitudes y que mintió de manera deliberada y sistemática– al año siguiente, 2003, a pesar del frontal rechazo popular contra la invasión de Irak, aliándose con el Presidente de los Estados Unidos de América, Bush, y el de Gran Bretaña, Blair, llevó al Estado español a una de las más viles, crueles, deshumanizadas y cínicas guerras, desatada contra todo un pueblo, en base a una inmensa y descomunal mentira, como era hacer creer la existencia de armas de destrucción masiva por parte del gobierno iraquí.

Millones de personas se manifestaron a lo largo del planeta en contra de la guerra. El lema de «No a la guerra» se coreaba por las grandes ciudades del mundo. En el Estado español otras consignas también tuvieron una importancia relevante: «No más sangre por petróleo», «Blair, Bush, Aznar asesinos». El 15 de febrero de 2003 en la capital de ese Estado, Madrid, se manifestaban casi dos millones de personas.

Todo fue inútil. Irak quedó, literalmente arrasado. Todo un pueblo, millones y millones de personas, fue sometido a una crueldad sin parangón.

No pasó nada. Las instituciones del Estado no se conmovieron ni se afligieron.

Al cabo de muy poco tiempo, y como consecuencia directa de aquella deshumanizada brutalidad, ejercida contra toda una nación, el 11 de marzo del 2004, en cuatro trenes de la red ferroviaria de cercanías de Madrid la muerte se desataba explosiva y con una violencia inusitada, provocando el segundo mayor atentado cometido en la Unión Europea. Ciento noventa y tres personas perdieron su vida y alrededor de 2.000 resultaron heridas de diferente gravedad.

Una vez más, la mentira densa, viscosa, odiosa y repulsiva se volvía a utilizar como instrumento y medio para alcanzar objetivos políticos. El cruel, atroz y despiadado atentado, desde el primer momento, se atribuyo a ETA; y a pesar de que los indicios, pruebas, líneas de investigación policiales y comunicados –el mismo día del magnicidio en Londres se recibía una carta que afirmaba que la autoría del atentado se atribuía a Al Qaeda– apuntaban a una dirección diametralmente opuesta, el gobierno de ese Estado se empecinaba y enrocaba en la teoría de ETA, como medio que le posibilitase al PP formar su tercer gobierno consecutivo en la inminente VIII legislatura, que se inauguró el 2 de abril de ese mismo año.

El portavoz socialista, Pérez Rubalcaba, dijo que «los españoles se merecían un gobierno que no les mintiera», Izquierda Unida acusó al Gobierno de dar «un golpe de Estado informativo». Pero el sistema que básica y fundamentalmente impera en ese país –que hunde sus raíces psicosociales, económicas, políticas, culturales, religiosas, cosmogónicas, académicas, científicas… en la crueldad, en la violencia, en la brutalidad, en la intolerancia, en la ignorancia, en la intransigencia y en la deshumanización absoluta que supuso el golpe de Estado contra la II República, julio de 1936, y en la consiguiente y despiadada dictadura de cuatro décadas– no se vio alterado ni un ápice ni a sus gobiernos se les nubló el semblante.

Pero que el pueblo catalán –haciendo uso de un atributo inherente, consustancial, consuetudinario e internacionalmente reconocido a todos los seres humanos– haya optado de manera libre e independiente por ejercer el derecho a decidir y votar, el próximo día 1 de octubre, si desea ser un Estado o no, ha supuesto y está suponiendo para el Estado español la mayor crisis vivida desde la llamada «Transición». Una crisis en la que se resquebrajan los mismísimos cimientos y sólidas columnas de una comunidad con destino en lo universal y cuya unión sacrosanta, intocable e inmutable se asienta en unos principios fascistas «la indisoluble unidad de España» y en la ilegítima Constitución de 1978.

La inmensa mayoría de los partidos españolistas del arco parlamentario, todas las instituciones, los tres poderes del Estado, la inmensa y abrumadora mayoría de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, viven, sienten y padecen, «el procés català» como si se tratase de un cataclismo de ámbito mundial, como si las plagas bíblicas fuese a azotar al continente europeo, como si una inminente hecatombe fuese a arrasar toda la Península Ibérica.

La desproporción absoluta de sus comentarios, amenazas veladas y explícitas, opiniones, cantos de sirena, lenguaje cuartelario, mentiras lanzadas a diestro y siniestro, la sempiterna homilía de la indisolubilidad del Estado y que semejantes decisiones conciernen a todo el pueblo español, el cierre de filas total y absoluto –sin fisuras ni discrepancias– en torno a ese concepto de «unidad» elevado a categoría y principio universal y cósmico –como si proviniese directamente de un apéndice o anexo de las mismísimas tablas de Moises– les retrata tal y como realmente son: intransigentes, intolerantes, de una mentalidad de derecha intratable y varada en una aborrecible y execrable mentalidad colonialista.

Y mientras tanto, la cúpula y los cuadros dirigentes del partido jeltzale, ¿qué hacen? Desacreditar deliberadamente todas y cada una de las decisiones que ha ido tomando el admirable, encomiable y paradigmático pueblo catalán; simplemente porque les incomoda de manera soberana el maravilloso movimiento de emancipación nacional que está a punto de arrancar definitivamente y sin retorno dentro de muy pocas semanas.

El pueblo catalán y todas sus instituciones optaron –porque el Estado español no les permitió otra vía– por la unilateralidad; y ese es el elemento detonante que desestabiliza, desacredita y pone constantemente en tela de juicio el anodino criterio de la bilateralidad; donde los jeltzales se sienten como pez en el agua, inmersos en el viscoso líquido de su propia desidia, claudicación y dejación.

La insoslayable decisión del pueblo catalán de fundar su propio Estado está suponiendo y supondrá, sin lugar a dudas, un hito histórico en el Estado español, en Europa y en el mundo.


Por primera vez un movimiento social, político y humano logrará imponerse al Estado español, consiguiendo lo que legítimamente le corresponde.

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