En la mañana de ayer, lunes de mercado en Gernika, símbolo de las libertades vascas, como convendrán los responsables del partido gobernante en los tres herrialdes vascos occidentales, tuvo lugar una violenta y desproporcionada intervención de un cuerpo policial cuyo cometido debería ser, como convendrá dicho partido, garantizar los derechos políticos como parte de esas libertades. Una actuación que contrastó abruptamente con la actitud pacífica de las personas que se encontraban en el mercado arropando a Jone Amezaga, agredidas primero por agentes de paisano que, sin identificarse, detuvieron a la joven y posteriormente por miembros de la Brigada Móvil.

La solidaridad que Amezaga ha recibido durante los días que ha permanecido oculta y especialmente este fin de semana en Gernika no ha evitado su encarcelamiento, pero ha mostrado el hartazgo y el compromiso de cada vez más ciudadanos ante la vulneración de derechos civiles y políticos. Frente a ella, resulta más injustificable la actitud de Lakua, que no solo no ha protegido a una ciudadana vasca sometida a una injusticia innegable, sino que ha contribuido a que esta sea aún mayor, pues la desmedida actuación de ayer está precedida por el intento de detención de la joven de Errigoiti previa solicitud de la orden judicial para ello.

Ayer en Gernika, símbolo de las libertades vascas, el partido gobernante en Lakua dejó constancia de su apuesta por «cumplir la ley». La consejera de Seguridad lo justificó afirmando que es su obligación, una obligación solicitada por la propia Ertzaintza que consiste en cumplir una ley represora de las libertades de esta nación. Esa es su prioridad frente a su deber de garantizar los derechos de la ciudadanía. En lugar de calificar a los demás de «fachas» y conminarles a aceptar las reglas del juego democrático, el presidente del EBB y su partido deberían reflexionar sobre actuaciones como la de ayer. Y si consideran que son correctas, su elección no parece muy democrática.