Con la liberación hoy de Rafa Díez Usabiaga concluye hoy el castigo de cárcel impuesto por el Estado español a los cinco principales artífices del giro estratégico de la izquierda abertzale, que ha desencadenado un escenario político y social desconocido hasta ahora –y obviamente mejor– en este país. Esa venganza se ha ejecutado en todos los casos hasta el último día, pasando por encima del sentido común (casi nadie discute hoy que los hechos reales ocurrieron como los contaron estos cinco militantes y no como los enunció la sentencia) y también del propio sistema jurídico (ni el recurso que está vivo en Estrasburgo ni la reforma legal española que rebaja las penas por delitos como este han sido tenidos en cuenta para evitar así excarcelarlos antes).

Con ello, este caso queda para los anales como una infamia que retrata a sus autores, como una operación de venganza pura y dura que se ha prolongado durante ocho largos años. Y por eso no debe ser olvidada ni minusvalorada. Porque además la pena de cárcel al final ha terminado, pero se mantienen otras consecuencias igualmente injustas y que no deben caer en el olvido, como la inhabilitación a Arnaldo Otegi hasta 2021, mediante la que es Madrid y no la ciudadanía de la CAV la que establece quién puede ser candidato a lehendakari y quién no.

Con todo, sin embargo, este caso Bateragune supone también un enorme fracaso para el Estado, que primero intentó con aquella redada de 2009 frustrar aquel giro estratégico en ciernes; luego con la cárcel y el juicio de 2011 buscó impedir que se consolidara también sin conseguirlo; y en último término lo ha usado como herramienta para dañar política y electoralmente a sus promotores, como mostró el veto a Otegi en las pasadas autonómicas. Ninguno de esos objetivos ha sido logrado, ni siquiera en el nivel puramente personal: los cinco castigados siguen hoy con su acción y su liderazgo político, en casos como el de Arnaldo Otegi o el de Arkaitz Rodríguez más reforzado aún.