Dilma Rousseff fue reelegida en octubre de 2014 con 54 millones de votos como presidenta de Brasil. Si nada improbable ocurre, el voto de 54 senadores tumbarán su mandato popular y consumarán un cambio de régimen mediante un golpe institucional con otro nombre: «impeachment». El proceso de destitución de Rousseff es una antología de la vergüenza, una indecencia, una farsa en términos jurídicos. No está acusada de corrupción, de robar dinero para sí, ni ella ni nadie de su familia tiene cuentas en Suiza o empresas offshore en Panamá.

Su verdadero «delito», lejos del retórico «crimen de responsabilidad» o de manipular las finanzas públicas para conseguir ventaja electoral, es la de ser una mujer combativa y comprometida en la defensa de las políticas sociales que durante trece años han beneficiado a las clases populares brasileñas. Durante este periodo de Gobierno del Partido de los Trabajadores, sin duda se han cometido errores. Pero tanto a nivel doméstico, con programas sociales con una gran financiación pública como Bolsa Família (donaciones en efectivo a las familias) o Minha Casa Minha Vida (vivienda pública), pilares fundamentales de la compactación de la sociedad del país, como a nivel regional e internacional, sus políticas han sido valientes y comprometidas con el pueblo. Esa es la verdadera razón por la que la oligarquía, con el conglomerado de medios de comunicación (Grupo Globo) a la cabeza, no han podido hacerse con el poder en las urnas durante estos años.

Liquidando el mandato de Dilma Rousseff buscan enterrar también el legado de Lula da Silva, el líder más popular de los tiempos modernos de Brasil y su predecesor como presidente. De consumarse este golpe de Estado, pronto se abrirá la veda contra Lula. Intentarán eliminarlo del tablero político y de los corazones de millones de brasileños, para conseguir su verdadero objetivo: una política de reconquista y restitución al servicio de la oligarquía.