La gravedad histórica del pisoteo a la autonomía catalana anunciado el sábado desde La Moncloa dejó fuera del foco mediático otra noticia también tremebunda en Euskal Herria. A la misma hora en que la Fiscalía precedía a Rajoy amenazando al president catalán con un proceso penal por «rebelión», castigable con 30 años de cárcel, en Donostia se daban a conocer las brutales peticiones de entre ocho y 20 años de prisión para 48 vascos por trabajar en el ámbito de la solidaridad con los presos, usando de nuevo los tipos de «integración» y «colaboración» con ETA estirados ya hasta la náusea.

Esto anticipa por su volumen el segundo mayor macrojuicio político contra Euskal Herria tras aquel infausto 18/98. No queda muy lejos de aquella embestida: son 600 años de petición fiscal frente a aquellos 991 (contra 59 personas, algunas de las cuales siguen aún entre rejas dos décadas después de las primeras redadas). Pero existen ahora además un par de agravantes que no pueden pasar desapercibidas: todas las redadas de esta causa se han producido tras el fin de los atentados de ETA y esta posición fiscal llega dos años después de que introdujeran en la ley española rebajas de grado para «delitos menos graves», en los que no concurren métodos violentos, como sin duda son estos. Dicho de otro modo, la Fiscalía se muestra ciega y sorda no solo ante la realidad de un nuevo escenario político sino ante el propio contexto penal del Estado.

Todo ello delata una obsesión por encarcelar al disidente político que se ha convertido en seña de identidad española. Va en sus genes. No solo es una característica de sus elites, sino también de buena parte de su ciudadanía; la que estas últimas semanas se ha visualizado en las calles de Barcelona gritando sobre todo «Puigdemont a prisión» y está justificando el encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Es el reflejo de un Estado incorregible que convierte la independencia no ya en opción política, sino en pura necesidad de libertad, de supervivencia.