Contra el fraude, un sistema fiscal justo

La Hacienda Foral de Nafarroa presentó ayer los resultados de la lucha contra el fraude fiscal del año 2016. Con ella son ya tres haciendas forales –falta la guipuzcoana– las que, de alguna manera, han rendido cuentas en esta materia. Sin una metodología unificada, sin referencias a años anteriores y con algunas cifras sueltas resulta difícil realizar una evaluación más o menos objetiva de los resultados obtenidos. En una primera impresión los datos resultan cuantitativamente similares a los de años anteriores, aunque esas cifras globales semejantes escondan algunos cambios en la estructura del fraude aflorado. Tal vez, el resultado no dependa tanto del volumen de fraude como de los medios utilizados.

Existe una querencia a enfocar la lucha contra el fraude fiscal como una persecución a los defraudadores. Este enfoque está abocado al fracaso si no se complementa con un perfeccionamiento del sistema fiscal de modo que la ciudadanía lo perciba como justo. Y en este apartado no parece que se haya avanzado gran cosa toda vez que, por ejemplo, a las grandes empresas se les sigue permitiendo la publicidad de los «días sin IVA», como si fuera un impuesto que se pueda pagar a voluntad, mientras se exige a los autónomos que hagan facturas que los clientes –haciendo caso a la publicidad– las reclaman sin IVA. El verdadero problema del fraude fiscal está en el desigual trato que reciben los contribuyentes: mientras los trabajadores asalariados contribuyen en función de todos sus ingresos, las empresas pagan cada vez menos, hasta el punto de que si sigue la tendencia de los últimos años, la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades lleva camino de convertirse en residual.

En este contexto, plantear, como ha hecho la Diputación de Gipuzkoa, un endurecimiento de las sanciones al mismo tiempo que propone aumentar los incentivos fiscales a la creación de nuevas empresas no hace sino ahondar la sensación de injusticia.

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