Cuando la legitimidad de la ley deja de existir

La defensa de la ikastola de Ziburu no es un asunto exclusivo de las ikastolas. Esa es la convicción del presidente de la Confederación de Ikastolas de Euskal Herria, Koldo Tellitu, y eso mismo demostraron ayer los numerosos agentes del mundo de la cultura, el euskara, la educación y los movimientos sociales que mostraron su apoyo a Kaskarotenea. Esa ikastola ha de hacer frente a multas diarias de 100 euros –que podrían aumentar a 400– y ahora también al corte de luz, consecuencia de la empecinada actitud del alcalde, cerrado a cualquier propuesta de solución de los agentes sociales y políticos.


Son recientes los casos de los ataques a las ikastolas de Hendaia y Beskoitze llevados a cabo por el prefecto y el subprefecto desempolvando una ley de 1850. Ahora el alcalde de Ziburu esgrime el mismo argumento, la defensa del bien público. Un bien que debería garantizar el Estado y no lo hace, incumpliendo su deber de prestar un servicio, un derecho, que solo las ikastolas garantizan. Por el contrario, constantemente da muestras de su aversión a cualquier lengua que no sea la francesa, se niega a ratificar la Carta Europea de Lenguas Minoritarias, percibe las manifestaciones culturales y educativas en lengua vasca como algo a «tolerar», en el mejor de los casos, o como expresiones a eliminar. Ello cuestiona la naturaleza democrática y hasta racional de ese Estado. Esta sucesión de ataques hace más evidente, si cabe, que la única solución integral pasa por la oficialidad del euskara, el reconocimiento legal en Ipar Euskal Herria. Sin él, la enseñanza en euskara, cualquier manifestación en esa lengua, seguirá a expensas de un Estado que se sostiene en la única legitimidad de la ley, legitimidad que deja de existir cuando es utilizada contra la ciudadanía, a cuyo servicio ha de estar.


Ciertamente, la defensa de Kaskarotenea no es un asunto exclusivo de las ikastolas. Y, tristemente, no es un asunto de los años 60, cuando eran semiclandestinas y Hego Euskal Herria estaba administrada por una dictadura cuya ley estipulaba que el euskara no podía ser lengua oficial. Igual que hoy día en Ipar Euskal Herria y en parte de Nafarroa.

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