La plataforma ciudadana Iparra Galdu Baik alertó ayer del empeoramiento del ya precario estado de salud del preso Ibon Iparragirre. Según los últimos análisis que le han realizado, sus «células de defensa» apenas llegan a 20, cuando con cualquier valor por debajo de 500 se considera que el sistema inmunológico está dañado (conviene recordar que antes de su ingreso en prisión en 2014 sus defensas rondaban el valor 450). El gravísimo estado del preso ondarroarra ha sido corroborado por el médico forense que le atiende, que ha afirmado que en estas circunstancias no se puede ni siquiera hacer un pronóstico sobre su esperanza de vida.

El caso de Iparragirre es tan evidente que ya solo produce incredulidad y espanto. Desde el punto de vista médico no hay debate posible. A los más de 300 médicos que en su día firmaron un informe alertando del riesgo que supone mantenerlo preso se une ahora la opinión del nada sospechoso forense. La OMS también es clara en esta cuestión al considerar que a los presos enfermos de sida se les debe liberar para que puedan estar con sus allegados y hacer frente a la muerte con dignidad. En términos políticos no se entiende qué pretende conseguir el Gobierno español haciendo cumplir a rajatabla una infame instrucción filtrada a principios de año en la que abogaba por mantener a los prisioneros encarcelados hasta que estén en riesgo de muerte «a muy corto plazo». Solo demuestra su crueldad y afán de venganza. Y esa misma muestra de fría inhumanidad es un fiel reflejo de su debilidad. Atrapado en la excepcionalidad, el Ejecutivo del PP es incapaz de tomar ninguna decisión que suponga una aplicación de la ley que tenga en cuenta criterios humanitarios.

La vuelta a casa de Ibon Iparragirre es una cuestión de mera humanidad, de urgencia en una situación de vida o muerte, que interpela a toda la ciudadanía, pero sobre todo a quienes tienen responsabilidades políticas e institucionales. Es urgente terminar con esta crueldad.