La instrucción de Instituciones Penitenciarias a las cárceles para instarles a no excarcelar a presos vascos enfermos hasta que estén en riesgo de muerte «a muy corto plazo» encierra una paradoja inicial: no es y sí es un escándalo. No lo es porque quien siga casos como los de Aitzol Gogorza, Txus Martin, Ibon Iparragirre o el último de Oier Gómez ya conocía perfectamente esta política, y porque probablemente esta directriz tenga un fin más propagandístico que otra cosa, como muestra su filtración. Pero sí lo es porque resulta demencial que un gobierno haga tal apología expresa de la crueldad y aberrante que la aplique solo a unos presos concretos mientras servidores del Estado con idénticas o peores condenas gozan de todos los beneficios, y porque si esa circular la hubiera escrito la Administración Trump tendría impacto mediático y rechazo político unánime también en el Estado español.

Queda claro que el principio de humanidad no existe en el manual de Madrid a la hora de tratar a los presos vascos y sus familias. Esta instrucción le retrata además ante la Humanidad, o al menos ante la parte del mundo que ocupa. La alusión a llevar a los presos enfermos hasta el borde la tumba le retrotrae al «Viva la muerte» de Millán Astray y le une hoy con los regímenes más ciegamente represores: los que legalizan la tortura, los que aplican la pena de muerte y la cadena perpetua. Cuando en su giro estratégico la izquierda abertzale vaticinó que en el nuevo escenario el Estado español acabaría retratándose como un «verdugo» de pueblos y personas, quizás nunca pensó que llegaría a explicitarlo en una circular, por interna que sea.

Visto desde Euskal Herria, excarcelar a los presos enfermos es hoy más que ayer una necesidad no ya humanitaria, sino también política, democrática. Y hoy más que ayer, invita también a abandonar un Estado vengativo para formar otro asentado sobre los derechos humanos para todos sus miembros, sin exclusiones.