Ayer comparecieron en el Parlamento de Gasteiz los integrantes de la comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal con el objeto de adelantar las líneas de actuación para el ejercicio actual. Como corresponde a este tipo de presentaciones públicas, la comparecencia dejó un gran titular –el elevado fraude en la venta minorista y los sistemas de control que pretenden implantar– y un par de cuestiones de mayor calado, relacionadas con el fraude fiscal perpetrado por empresas –tal y como muestran los llamados Papeles de Panamá– que pasaron más desapercibidas.

Los integrantes de la comisión apuntaron que entre sus prioridades estará el análisis de los precios de las operaciones internas de las multinacionales. Esta es una de las recomendaciones de la OCDE para limitar –que no eliminar, tal como denunció un estudio de la red Eurodad del que se hizo eco GARA– el traslado de beneficios a territorios con baja tributación. Sin ser paraísos fiscales, los países de la OCDE han desarrollado un complejo sistema para que las multinacionales puedan repatriar beneficios sin que tengan que tributar por ello, dando de este modo cobertura legal al expolio del Tercer Mundo que pierde anualmente miles de millones en ingresos fiscales, y que también tiene consecuencias en nuestro sistema fiscal.

Las propuestas de la OCDE buscan reformar el actual sistema tributario simplemente para poder salvarlo. En ese empeño aumentará el flujo de información entre haciendas que convenientemente gestionado puede ofrecer elementos para mejorar la lucha contra el fraude. Como reconocieron los integrantes de la comisión, esa información llegará a la Agencia Tributaria que será la encargada de su gestión. El hecho de que todavía no se han formalizado los convenios para su intercambio testimonia la situación de dependencia de las haciendas vascas y su escasa capacidad para desplegar iniciativas propias más allá de las actuaciones que pueda desarrollar el Estado español.