El convoy ruso de ayuda humanitaria, tras más de una semana en la frontera de Ucrania a la espera de que el Gobierno de Kiev, el de Moscú y la Cruz Roja se pusieran de acuerdo para facilitar la asistencia a la población civil de Lugansk, partió ayer hacia su destino sin permiso ucraniano. Lugansk es una ciudad arrasada, sitiada, sin agua ni electricidad y con las comunicaciones y el abastecimiento cortados desde hace más de medio mes, y la situación de sus habitantes, en consecuencia, es crítica. Resulta llamativo, terriblemente llamativo, el hecho de que toda la atención se centre en las circunstancias en torno a la entrada del convoy, dejando en un segundo plano el padecimiento de quienes sobreviven en esa situación.

En la mañana de ayer, la Comisión Europea decía que no se posicionaba sobre el convoy humanitario, pero hacía hincapié en que no debía entrar sin permiso de Kiev. Después, tras el avance del convoy por territorio de Ucrania, el portavoz comunitario de Exteriores de la Unión hablaba de una clara violación de la frontera ucraniana. La labor de la UE debería ser hacer todo lo posible para que la ayuda se materialice, mediar e incluso presionar a quien la obstaculice. Y, en cualquier caso, no puede pretender aparecer como juez imparcial, cuando es parte interesada, al igual que Rusia. Cabe recordar que también el convoy de refugiados atacado en Lugansk esta semana ha sido objeto de controversia, con las habituales acusaciones mutuas  sobre la autoría del ataque. Hoy se sigue sin saber qué ocurrió realmente. La única y atroz certeza es que en el convoy atacado se hallaron 17 cadáveres.

Esa debería ser la principal preocupación, pero la triste realidad es que quienes más duramente padecen las consecuencias del conflicto, la población civil, no son sino un instrumento utilizado en función de los intereses de los contendientes. Una realidad que no es exclusiva de ese conflicto, y muy diferente de las buenas intenciones anunciadas desde los despachos.