Al compromiso adquirido por la izquierda abertzale de conducir el conflicto con los estados español y francés hacia parámetros exclusivamente políticos y civiles le han acompañado durante estos años acontecimientos que han condicionado, y a veces afianzado, ese gran reto. La Declaración de Aiete y el consecuente anuncio de ETA son los más importantes, pero pueden citarse otros, desde las detenciones de 2009 y su «efecto bumerán» hasta el desarme materializado el 8 de abril o la manifestación del pasado sábado. En esta secuencia de hitos, Luhuso ocupa un lugar destacado, igual que la declaración hecha pública ayer durante el juicio a cuatro militantes vascos en París.

Lo acontecido el 16 de diciembre de 2016 en la localidad labortana adquirió visos de relevancia desde el primer momento, cuando se difundió el motivo que había guiado a los artesanos de la paz y se conoció la decisión de ETA de delegar el control de sus arsenales en la sociedad civil. Posteriormente, la respuesta enérgica y unánime de partidos e instituciones de Ipar Euskal Herria consagró la complicidad tejida entre todos ellos. Además, aquel operativo fue un punto de inflexión en la actitud del Estado francés, caracterizada por un seguidismo acrítico respecto a Madrid. Las expectativas en ese flanco son hoy más halagüeñas, aunque queda mucho para que se materialicen. Y en ese camino, la intervención de los presos vascos juzgados por la muerte del policía Jean-Serge Nérin y la declaración de ETA sobre este mismo asunto cobran importancia, tanto por el contexto en que se producen como por su propio contenido, inédito respecto a un agente policial.

El acto programado en Luhuso y la declaración de París coinciden en su carácter audaz, por avanzar en terrenos inexplorados, en el compromiso personal y colectivo que desprenden, y en la inteligencia mostrada a la hora de achicar espacios a quienes se oponen a una solución aceptable para todas las partes, que siguen ahí, embozados.