La pasada semana fue detenido un periodista sueco-turco, Hamza Talçin, en el aeropuerto de Barcelona por la Policía española. El arrestrado ha trascendido al desembocar en encarcelamiento a la espera de la petición de extradición. Al parecer existe una orden de detención de la Interpol emitida por Turquía. Se le acusa de haber insultado al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, por un artículo en la revista ‘‘Focus’’, y de tener «vínculos terroristas» por dos artículos publicados en la revista ‘‘Odak’’. El hecho de que Talçin llevara más de 30 años viviendo y trabajando en Suecia, y las acusaciones basadas en artículos periodísticos, no dejan lugar a dudas sobre el objetivo último de Turquía: acallar a la disidencia, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Lo cierto es que, desde el fallido golpe de Estado, Turquía se ha convertido en el país en que más se ha degradado la libertad de información. Según recoge el último informe de Reporteros sin Fronteras, en este momento hay 150 periodistas detenidos –más que en ningún otro país– y 170 medios de comunicación clausurados. Además a 700 periodistas se les ha retirado el carné de prensa para evitar que trabajen. A pesar de las detenciones, el cierre de medios de comunicación y la extensión de la censura, la Unión Europea ha permanecido callada ante semejante ataque a uno de los pilares de una sociedad democrática. Tal vez sea por el papel que desempeña Turquía como guardián de la frontera evitando la llegada de migrantes y refugiados. Sin embargo, el Estado español ha dado un paso más allá y, siguiendo su larga tradición autoritaria, ha pasado del silencio cómplice a colaborar con la estrategia turca de acallar y obstaculizar el movimiento de las personas que discrepan con el actual régimen.

La vulneración de libertades fundamentales es incompatible con un Estado democrático y es, además, razón suficiente para no atender peticiones de extradición. Hamza Talçin debería estar ya en libertad.