La retirada de las acusaciones contra 12 de los 28 jóvenes juzgados en la Audiencia Nacional podría ser presentada como una demostración de que la Justicia española funciona, pero la larga deriva del Estado español de persecución y castigo a cientos de vascos por su actividad política no deja lugar a la duda sobre la intencionalidad de unos procesos insostenibles en Derecho. Parece más probable, por tanto, que  sea precisamente esa inconsistencia jurídica la que ha aconsejado a la Fiscalía a retirar los cargos contra doce de los acusados.

La endeblez de las acusaciones quedó ayer más clara por partida doble. Por un lado, los sicólogos y expertos que practicaron el Protocolo de Estambul a los 19 jóvenes que denunciaron torturas, y que ayer ejercieron de peritos en el juicio, dieron veracidad a sus testimonios. Y otros peritos, los de la Policía española, por otro lado, aseguraron que consignas como “Gazte eta aske, irabazi arte” e “Independentzia” eran lemas de Segi, lo que a cualquiera que vive en este país le movería a la risa si la situación que esos jóvenes han vivido, y que aún se podría prolongar en muchos casos, no fuera tan grave. Resulta, además, que la propia Audiencia Nacional desestimó esa vinculación en el juicio contra los 40 jóvenes que fueron absueltos el pasado mes de junio. Aquel juicio dejó más claro si cabe lo absurdo de este tipo de procesos. Absurdos desde el punto de vista de la justicia, pero de una utilidad política evidente para los poderes de un Estado temeroso de la confrontación política en el respeto de todos los derechos.

Continúa el juicio con 12 acusados menos, pero todavía con peticiones de seis años para cada uno de los restantes. Continúa el cruel periplo que comenzaron a la fuerza hace cuatro años, un largo y duro viaje que otros muchos vascos han sido obligados a recorrer por atreverse a defender sus convicciones políticas, cuyas consecuencias ni siquiera la retirada de los cargos puede paliar. Para la justicia ya es tarde.