Tras no aceptar la asamblea de los vigilantes de seguridad del aeropuerto del Prat la propuesta surgida de la mediación de la Generalitat, y ante el riesgo de que la huelga se amplíe a partir del lunes, ayer fue un día de advertencias explícitas y amenazas veladas. Cada vez más este conflicto refleja la verdadera naturaleza del modelo socioeconómico español que también padecemos en Euskal Herria.

La disputa surge a consecuencia de la privatización de un servicio público esencial, en este caso la seguridad. El afán por reducir costes se transforma automáticamente en condiciones de laborales precarias que, sin embargo, para la empresa que gestiona los aeropuertos se convierte en unos beneficios netos de 1.164 millones en 2016. El modelo depredador funciona hasta que los trabajadores se plantan. Pero también se ha privatizado parcialmente –el Ministerio de Fomento mantiene el 51 %– la empresa que gestiona los aeropuertos, AENA, lo que obliga al Gobierno español a tomar cartas en el asunto de la única manera que sabe, amenazando con imponer una solución por medio de un laudo arbitral obligatorio y aumentando la presencia de la Guardia Civil en el aeropuerto. Ante cualquier problema, opta siempre por la imposición y la represión. En este contexto, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona están sufriendo los costes de reputación que genera el conflicto pero, aunque un aeropuerto es una infraestructura básica para cualquier país, carecen de competencias sobre el mismo. Su actuación se ha limitado a mediar entre las partes. El escaso papel desempeñado vuelve a evidenciar que la soberanía es imprescindible para cualquier desarrollo socioeconómico propio y justo.

Tanto hablar de la importancia del turismo y resulta que hasta la puerta de entrada de los turistas se inserta en el modelo precario que, a fuerza de exprimirlo, va a terminar por reventar todas las costuras del actual modelo socioeconómico precario, autoritario y dependiente.