La decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y de mover allí su embajada ha desatado grandes titulares y una grave crisis global. Rompiendo con el consenso internacional y el sentido común que indicaban que el estatus de Jerusalén debía ser definido mediante negociaciones directas entre israelíes y palestinos, en el momento en que viera la luz la solución de dos Estados, uno al lado del otro, en paz y seguridad, ambos con capital en Jerusalén, Trump cumple una promesa electoral hecha a sus donantes judíos y cristianos evangélicos. Pero dando patente de corso a la colonización y a la continuación de abusos y violaciones de derechos humanos sobre los palestinos, inhabilita a su país como mediador justo y honrado e introduce un elemento de gran inestabilidad en una región de por sí martirizada, que podría abrir las «puertas del infierno» con nuevas guerras y atentados.

La tres veces santa ciudad de Jerusalén ha permanecido en un limbo diplomático, bajo un estatus especial. Mientras tanto, con una política de hechos consumados, Israel se anexionaba su parte Este, fortificaba colonias y hacía de los palestinos jerosolimitanos personas sin Estado, al no reconocerlos como ciudadanos de Israel, ni de Jordania ni de Palestina. Y los obliga a vivir en condiciones de apartheid, sin Estado que garantice su dignidad, mientras que los judíos de la ciudad, venidos de cualquier parte del mundo, disfrutan de una sensación de normalidad, de un Estado que los protege. En estas circunstancias de realidades tan diferentes, reclamar a la ciudad como la capital histórica e indivisible de Israel, resulta un sinsentido, una broma de muy mal gusto.

La decisión de Trump, además de una huida hacia adelante y una distracción ante sus problemas internos, más que un agravio para cristianos y musulmanes, lo es para todos, en la medida en que legitima la brutalidad de una ocupación contraria a todo sentido de humanidad.