La decisión del Gobierno de Lakua de incluir a Iñigo Cabacas en los Retratos Municipales de Vulneración de Derechos ha provocado reacciones a diferentes niveles, dejando en evidencia la división existente en el cuerpo policial responsable del operativo que terminó con la vida del joven de Basauri. Desde algunos sindicatos de la Ertzaintza se persiste en el corporativismo, criticando la decisión del Ejecutivo por tomárselo como un ataque en su contra. Una actitud intolerable e indignante a estas alturas, cuando hace tiempo que quedó probado que la actuación de la Ertzaintza ni fue proporcionada ni estuvo justificada. En este contexto, el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el sindicato ELA reivindicaron ayer la necesidad de autocrítica en el seno de la Policía autonómica por sus actuaciones en el pasado.

Las palabras de Urkullu apelando a que la Ertzaintza haga una revisión sincera de su comportamiento son un paso a poner en valor. Aunque sus actos en este tema hayan sido lamentables, dilatando la entrega de pruebas a la juez y ascendiendo al implicado Jorge Aldekoa, por ejemplo. También cabe destacar la firmeza de ELA a la hora de denunciar el oscurantismo existente en torno al caso Cabacas. A su vez, hacen si cabe más apremiante la necesidad de acabar con el pacto de silencio que impide depurar responsabilidades entre los policías que provocaron la muerte de Cabacas. Cuatro años después, familiares y amigos del joven siguen viviendo una pesadilla. Siguen siendo víctimas, ignoradas, de una terrible injusticia.

La inclusión de Cabacas en los Retratos de víctimas es un gesto, pero no puede demorarse más el reconocimiento oficial, el esclarecimiento de lo sucedido, la reparación por el daño causado y la garantía de que no volverá a suceder. La justicia y el Gobierno de Lakua, como responsable político, tienen la obligación de actuar con rigor, sin dejar resquicio alguno a la impunidad y eliminando cualquier comportamiento obstruccionista en el proceso.