Una práctica que niega el derecho a la salud

Año y medio después de solicitar su excarcelación para poder tratar la grave enfermedad que padece, Ibon Fernández Iradi deberá esperar cinco meses más la decisión del Tribunal de Apelación de París. Desde el pasado junio cuenta con el pronunciamiento favorable del Tribunal de Aplicación de Penas, si bien este condicionaba su salida de prisión a la anulación de la prohibición de estancia en territorio francés. Condicionamiento que ayer anuló el juez del Tribunal de Apelación, quien, sin embargo, decidió solicitar un tercer informe médico y demorar su decisión.


La petición del preso vasco es un asunto suficientemente urgente como para que la decisión no solo no se demore, sino incluso para haberla agilizado, pero se ha topado con una práctica penitenciaria que, por encima de supuestas concepciones modernas de la función de la prisión e incluso por encima de las leyes, se basa en instintos primarios como la venganza. Los presos enfermos son la muestra más clara y cruel de esa práctica que en esos casos, obviamente, no se se justifica por una supuesta prevención ante el peligro que pueda suponer para la sociedad la liberación de esos presos. Una práctica que, por el contrario, consiste en añadir castigos adicionales a la pena de prisión, como el alejamiento, duras condiciones de vida y negación del derecho a la salud hasta el extremo de impedir el tratamiento de una enfermedad grave en condiciones normales. Es el caso de Fernández Iradi y otros muchos presos vascos.


El documento que la pasada semana suscribieron las principales fuerzas políticas de Ipar Euskal Herria dedica especial atención a la situación de los presos vascos. Una de sus principales demandas es, precisamente, la liberación de los presos enfermos. Sin embargo, ante ese esfuerzo común en clave de solución y basado en la defensa de los derechos humanos, el aplazamiento de la decisión sobre la libertad del preso lasartearra y la actitud de los estados francés y español, lejos de hacerse eco de esa demanda política y socialmente mayoritaria, son muestra de la voluntad de continuar en la dirección contraria, ahondando en la vulneración de derechos.

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