Iñaki Iriondo
Gasteiz

Lakua discrimina a las víctimas del Estado en ayudas y homenajes

Las indemnizaciones que contempla el decreto son mucho menores a las de la Ley de Víctimas del Terrorismo y el Gobierno autonómico dice que no prevé la realización de un acto público de reconocimiento.

Idoia Mendia, durante su comparecencia ayer en el Parlamento de Gasteiz. (Juanan RUIZ/ARGAZKI PRESS)
Idoia Mendia, durante su comparecencia ayer en el Parlamento de Gasteiz. (Juanan RUIZ/ARGAZKI PRESS)

El Gobierno de Lakua aprobará el martes su primer decreto de reparación a las víctimas de la violencia del Estado entre 1960 y 1978. No obstante, no prevé realizar ningún acto de reconocimiento público como los que, desde abril de 2007, viene efectuando a las «víctimas del terrorismo». Desde el propio Ejecutivo se había alentado en algún momento la hipótesis de la celebración de un homenaje. Preguntada al respecto, la consejera de Justicia, Idoia Mendia, respondió en rueda de prensa que «no es un tema que esté cerrado» y añadió que «independientemente del acto de reconocimiento o no, la aprobación del decreto es un acto de reconocimiento y le estamos dando algo material». Pero, según ha sabido GARA, en el seno de la ponencia parlamentaria encargada del tema, Mendia afirmó que el Ejecutivo «no ve» la celebración de un reconocimiento político formal y público.

No es esta la única diferenciación que el Gabinete de Patxi López prevé entre las víctimas de la violencia estatal y las del «terrorismo», y que ha llevado a algunos colectivos a hablar de la existencia de víctimas de primera y segunda categoría. También las indemnizaciones previstas son menores en caso de haber muerto de forma ilegítima a manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado o grupos «incontrolados» entre 1960 y 1977 -época dictatorial y preconstitucional- que si la muerte fue debida a la acción de ETA.

La compensación por fallecimiento como «víctima del terrorismo» es de 250.000 euros. Si la muerte se produjo, por ejemplo, en un control policial, es de 135.000 euros. La gran invalidez se compensa con 500.000 euros en la ley de reparación a las víctimas del terrorismo, y se hará con 390.000 a las que sean fruto de la violencia estatal. En casos de incapacidad permanente y total, la diferencia entra una y otra es casi de doble a mitad.

Desde el Ejecutivo autonómico se alegó que las cantidades que refleja la actual Ley estatal de Víctimas del Terrorismo, de 2011, no se están pagando porque no están aprobados los reglamentos que las desarrollen, pero lo cierto es que las previstas en el decreto de Lakua ya estaban por debajo de las contempladas en la ley de 1999.

No gusta en Madrid

Según explicó Idoia Mendia, el texto del decreto ha sido contrastado con el Gobierno español. En respuesta al primer borrador, el Ejecutivo de Mariano Rajoy respondió anunciando la existencia de puntos inconstitucionales y de problemas competenciales.

Algunos de estos aspectos, así como otras carencias que tenía el primer borrador desde el punto de vista de técnica legislativa, han sido corregidos. Y aunque la consejera de Justicia respondió con un «sí» matizado a la pregunta de «¿se puede decir que tiene el OK del Gobierno español?», lo transmitido a los integrantes de la ponencia es que el decreto no gusta a Madrid, que lo sigue viendo inconstitucional y con problemas competenciales, aunque por el tono empleado en la respuesta ministerial se entiende que no pedirá su nulidad ni actuará en su contra.