Instan a Madrid a que revise la sentencia contra Orkatz Gallastegi

TAT, Behatokia y familiares del preso de Berango han señalado que el Estado español tiene una «buena ocasión» para reparar a las víctimas generadas por la actuación de las FSE, después de que la ONU haya dictaminado que no se investigó la denuncia de torturas realizada por Gallastegi.

Naiz.info|2012/06/09 12:15

Representantes de Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia, Torturaren Aurkako Taldea y el padre y un hermano del preso político vasco Orkatz Gallastegi han comparecido esta mañana para valorar la resolución del Comité contra la Tortura de la ONU que ha acusado al Estado español de no haber investigado la denuncia de torturas realizada por el vecino de Berango tras ser detenido en 2002 por la Ertzaintza.

Según han recordado, Gallastegi fue condenado a 26 años de prisión en base a las autoinculpaciones realizadas en comisaría. El joven de Berango denunció haber sido maltratado  en dependencias policiales al comparecer ante el juez e interpuso una denuncia en los juzgados que fue archivada.

El Comité contra la Tortura de la ONU ha dictaminado que el Estado español ha violado el artículo 12 de la Convención, al no haber realizado una investigación «pronta e imparcial» la denuncia de torturas ya que los juzgados de Gasteiz que tramitaron el caso tan solo reclamaron los partes del médico forense y no citaron a declarar a ninguno de los ertzainas que participó en la detención.

Asimismo, el Tribunal Constitucional tampoco admitió a trámite la denuncia.

Han explicado que el Estado español tiene 90 días para responder al Comité contra la Tortura y han instado a Madrid a que «al igual que hace en asuntos económicos y financieros se deje monitorear» por instituciones internacionales y «cumpla las leyes» en alusión a la Convención contra la Tortura.

Hasta el momento el Estado español no ha respondido a los requerimientos realizados por la ONU en los casos de Josu Arkauz, Kepa Urra y Encarnación Blanco.

En este sentido, han indicado que es una «buena ocasión» para que el Estado «repare, llegue hasta la verdad y haga justicia» con las víctimas de las FSE respondiendo así al «nuevo tiempo político» abierto en Euskal Herria.

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