«Debe garantizarse un mayor refuerzo de la independencia operativa del Banco de España», asegura el Memorando de Entendimiento acordado la pasada madrugada, al que hoy ha tenido acceso Efe.

El texto exige al Ejecutivo de Mariano Rajoyo dar más poderes a su banco central, que además tendrá que llevar a cabo un ejercicio interno para detectar posibles deficiencias en su funcionamiento.

El Gobierno español, entre otras cosas, estará obligado a llevar a cabo una profunda revisión del sector bancario que incluirá planes de reestructuración de entidades, reforzar el papel del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y del fondo de garantía de depósitos y transferir competencias al Banco de España desde el Ministerio de Economía.

Las medidas deberán irse adoptando progresivamente a partir de finales de este mes y concluir en junio del año que viene.

Reestructuración y liquidación

Entre las primeras exigencias que tendrá que cumplir el Estado español este mismo mes figura la de supervisar la totalidad del sistema bancario, en especial las entidades de naturaleza sistémica.

Entre julio y agosto, tendrá que preparar planes de reestructuración y liquidación para las entidades que han sido nacionalizadas a través del FROB (BFA/Bankia, CatalunyaCaixa, NovaCaixaGalicia y Banco de Valencia).

Estos planes se elaborarán sobre la base de las pruebas de resistencia efectuadas a las entidades y tendrán que ser aprobados por la Comisión Europea en noviembre.

Todas las instituciones crediticias estarán asimismo sujetas a requisitos más fuertes y comunes de revelación de información en áreas clave de las carteras como créditos reestructurados y refinanciados y concentración social.

Tendrán también que facilitar información para que las consultoras puedan llevar a cabo las pruebas de resistencia.

Antes de finales de agosto, el Estado español deberá disponer de una legislación que garantice, si fuese necesario, la asunción de pérdidas por parte de los inversores de deuda subordinada, es decir, los propietarios de acciones preferentes, así como reforzar el marco de resolución bancaria para ensalzar el papel del FROB y del fondo de garantía de depósitos.

Otro de los requisitos a más corto plazo será la elaboración de un proyecto completo y un marco legislativo para establecer compañías de gestión de activos, que actuarían como «bancos malos» y permitirían segregar los activos tóxicos fruto de la burbuja inmobiliaria.