Amaia Izko y Didier Rouget, abogados de Inés del Río, han comparecido acompañados de los también letrados Ainhoa Baglietto y Alfonso Zenon para valorar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha condenado al Estado español a indemnizar con 30.000 euros a la presa Inés del Río y ha ordenado su inmediata puesta en libertad.

Han expresado su «gran satisfacción» por la decisión de Estrasburgo porque, «por fin», el más alto tribunal europeo encargado de velar por el cumplimiento de los derechos humanos ha declarado «lo que venimos denunciado desde el año 2006, que la doctrina 197/2006 del Tribunal Supremo vulnera los más básicos derechos de las personas presas, y lo dice de forma contundente y unánime».

Según ha destacado Izko, «no es casualidad» que el primer tribunal que haya declarado esto en una sentencia sea uno «ajeno al Estado español« porque «durante estos años hemos denunciado la manera en la que el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Constitucional se han venido plegando a decisiones e intereses absolutamente políticos».

Ha afirmado que, de una manera «clara y sosegada», el TEDH «ha dado la vuelta por completo a un subterfugio utilizado por el que el Tribunal Constitucional ha tratado de eludir el fondo de la cuestión sobre esta doctrina y su afectación al derecho fundamental a la libertad».

Recurso porque «la sentencia no le gusta»

Ha remarcado que el TEDH está dejando claro que el Estado español «vulnera los derechos humanos y fundamentales de Inés del Río y, con ella, de todos los presos a los que se le ha aplicado» esta doctrina, porque los términos del pronunciamiento del tribunal son, «en cuanto a la aplicación de la doctrina, generales y abarcan a todas las personas que están cumpliendo más allá de los límites de su condena por la aplicación de la misma».

Izko ha criticado la reacción del Ejecutivo del PP y se ha preguntado «qué tipo de responsabilidad para con los derechos humanos más básicos y fundamentales» es la de un Gobierno que va a recurrir la decisión de Estrasburgo «no en base a criterios jurídicos, sino porque simplemente, la sentencial no le gusta y no se aviene a sus criterios» y con el objeto de que Del Río «siga en prisión».

«Escasos mimbres democráticos»

Para los abogados, con su actitud, el Gobierno español «vuelve a poner de relieve sus escasos mimbres democráticos». En su opinión, el recurso anunciado tiene «poquísimo recorrido» porque «los motivos por los que se puede interponer son absolutamente excepcionales y tasados».

«Pese a ello, el Gobierno opta por llevar al extremo la situación vulneradora de derechos mostrando un absoluto desprecio por los derechos fundamentales de las personas», han denunciado, al tiempo que han recalcado que la ‘doctrina Parot’ «está herida de muerte» y aunque el Ejecutivo de Rajoy quiera «alargar su agonía» con el recurso, «estamos convencidos de que esta situación es absolutamente irreversible».

Independientemente del recurso que pueda presentar Madrid, los letrados han subrayado que el respeto de los derechos humanos fundamentales «no permite ningún tipo de dilación» y por ello han exigido al Ejecutivo español que «cumpla la sentencia ya para Inés del Río y para todas las demás personas afectadas por la doctrina», con independencia del carácter definitivo o no de la resolución europea.