Los que, tanto desde dentro como fuera de Venezuela, nunca lograron derrotar en vida a Hugo Chávez no pueden disimular su alegría por haber contado con un aliado natural como el cáncer para «derrotarlo». Y si desde el comienzo de su lenta agonía, hace tres meses, no les dolieron prendas para intentar instrumentalizar su enfermedad y lograr así una victoria que no les dieron las urnas el pasado 7 de octubre, no hay duda de que intentarán por todos los medios a su alcance utilizar su muerte para hacer descarrilar el proceso de reafirmación nacional y social en que consiste la revolución bolivariana.

Con la desaparición de Chávez se abre, en realidad se pone en marcha, un proceso de relevo que fue anunciado por él mismo cuando se despidió  en diciembre camino a un hospital a La Habana. El entonces reelegido presidente de Venezuela nombró como su sucesor a Nicolás Maduro.

Diputado desde 1999 del Movimiento V República que fundó Chávez y que ese mismo año llegó al poder, Maduro es considerado uno de los jóvenes, ya veterano a sus 50 años de edad, valores del hoy Partido Socialista Unificado de Venezuela. Fue ministro de Exteriores desde 2006 hasta que asumió la vicepresidencia tras las últimas elecciones. Sus orígenes humildes (conductor de autobús y dirigente sindical del Metro de Caracas) le vinculan con una de las principales señas de identidad del movimiento bolivariano, el del mimetismo con las clases más desfavorecidas. Y su amplio bagaje diplomático le conecta con uno de los retos principales de la nueva era abierta en América Latina, la de la consolidación de nuevas alianzas alternativas al abrazo del oso del imperio estadounidense.

No extraña, por tanto, que la oposición haya insistido en los últimos meses en exigir el nombramiento como presidente interino de Diosdado Cabello, actual presidente de la Asamblea Nacional y proveniente del Ejército venezolano, uno de los puntales del Estado más cotejados –hasta ahora sin éxito, incluso en fracasado golpe de Estado de 2002– por los sectores oligárquicos del país y por las hiperactivas embajadas de EEUU y de sus aliados occidentales en La Habana.

Zanjada la polémica constitucional por la sentencia del Supremo, que interpretó que el acto de la investidura no era jurídicamente imprescindible habida cuenta de que Chávez fue reelegido –lo que legitimó la presidencia interina de Maduro–, la Carta Magna prevé la convocatoria de elecciones en un plazo de 30 días.

Y las últimas encuestas fiables apuntan a una victoria con el 50% de votos para el sucesor de Chávez y un castigo a la oposición por su gestión torticera de la crisis generada por la enfermedad del presidente (gestión criticada por más del 70% de los encuestados).

Hasta ahí la lectura del momento político-institucional-electoral del país. Otra cosa son las perspectivas a largo plazo del proceso bolivariano. Hay quien apunta a las dificultades para suceder a un líder indudablemente carismático como Chávez. Y aunque es cierto que su muerte es resultado de una fatalidad natural, y no de una decisión política inherente al propio proceso, también es verdad que el año largo de enfermedad del finado presidente –e incluso las reflexiones internas en el movimiento en los últimos años– han dado un margen para articular una sucesión ordenada y un futuro chavista sin Chávez. El tiempo lo dirá pero lo que es seguro es que los que quisieron matarlo en vida harán todo lo posible por certificar la defunción de su histórico legado.