Las plataformas antidesahucios defienden que los escraches no intimidan ni coaccionan

Las abogadas de las plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de Stop Desahucios Gipuzkoa han reiterado que la voluntad de sus defendidos con la realización de escraches es que los políticos tengan «información» y puedan «votar en conciencia», por lo que no buscan «coaccionar o intimidar».

NAIZ.INFO|BILBO|2013/04/12 13:40
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La Ertzaintza alejó 300 metros el escrache anunciado frente al trabajo del diputado del PP José Eugenio Azpiroz. (ARGAZKI PRESS)

La sección primera del Tribunal Superior de Justicia de la CAV ha celebrado este viernes sendas vistas para estudiar si anula las resoluciones de la Ertzaintza por la que se establecía un perímetro de 300 metros para los escraches que realizan los movimientos antidesahucios.

La primera de las resoluciones de la Ertzaintza se comunicó el pasado lunes, día en que se pretendía desarrollar la protesta ante el despacho de abogados de Azpiroz, que coincide con la dirección de su domicilio. El Departamento de Seguridad impidió a los manifestantes acercarse a menos de 300 metros del lugar establecido.

Además, ante la protesta que pretendía celebrar la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Bizkaia en la calle en la que reside el diputado Leopoldo Barreda, en Bilbo, el Departamento que dirige Estafanía Beltrán de Heredia hizo llegar una resolución en la que establecía idénticas condiciones para su celebración.

Durante la vista, la abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Bizkaia, Begoña Barrutia, ha insistido en que la voluntad de sus defendidos es que los representantes políticos tengan «información» y puedan «votar en conciencia», en ningún caso «coaccionar o intimidar».

En este sentido, ha advertido de que los representantes políticos tienen «libertad» para apoyar las reivindicaciones de las plataformas antidesahucios, aunque para ello «deben conocerlas», motivo por el que la protesta prevista frente a la vivienda del diputado del PP Leopoldo Barreda tenía como único objetivo «entregarle una carta, no vulnerar sus derechos».

Asimismo, ha insistido en que a la hora en que se iba a celebrar la concentración, entre las 10.00 y la una del mediodía, los hijos del representante político estarían en el colegio y se ha preguntado si también se va a tener la «misma consideración» con los ejecutados hipotecarios en el caso de que tengan menores.

Tras insistir en que el domicilio es «inviolable» y no se iba a llamar al timbre del domicilio, ha criticado que «durante las campañas electorales se deje en los buzones de los ciudadanos propaganda electoral y se les acose mediáticamente desde meses antes».

Además, ha recordado que si los diputados son inimputables durante "los 365 días del año" eso significa que son políticos durante los mismos días y son ellos los que incumplen la "inviolabilidad de su familia cuando sacan a relucir a sus hijos durante las campañas electorales".

A la finalización de la vista, las representantes legales de las plataformas han lamentado que, «por lo visto», los ejecutados hipotecarios «no tienen intimidad en el domicilio cuando se les llama a altas horas de la madrugada para decirles que deben el dinero de la hipoteca, ni hay inviolabilidad del domicilio cuando se les mandan cartas amenazantes o acude la comisión judicial con la Ertzaintza con independencia de que haya menores».

Además, han advertido de que si a partir de ahora se les obliga a concentrarse a 300 metros del lugar escogido analizarán «otras alternativas», porque la campaña de denuncia «no acaba mañana, ni pasado» y las reivindicaciones seguirán adelante.

Departamento de Seguridad

Por su parte, el letrado del Gobierno de Lakua ha defendido que existen otros medios para hacer llegar las cartas sin necesidad de concentrarse frente a los domicilios de los representantes políticos y ha apostado por defender su «intimidad personal y moral».

Asimismo, ha manifestado que la protesta prevista contra Leopoldo Barreda en Bilbo se trasladó a la Plaza Indautxu porque, entre otras cuestiones, «es un espacio que permite dar cabida a más gente» y sirve de «altavoz» a las demandas de la plataforma.

Por último, la representante de la Fiscalía ha reconocido que la finalidad del derecho de reunión puede ser reivindicativa, pero ha advertido de que ésta puede tener muchas formas.

En este sentido, ha defendido que entregar una misiva a un representante político no supone «mayor conocimiento de la situación que viven los desahuciados», sino mayor «presión».