Soledad Becerril, Defensora del Pueblo español, ha relacionado el incumplimiento de las medidas contra la tortura con la falta de recursos económicos del Estado. En concreto, ha reconocido que ni Policía española ni Guardia Civil han acatado la recomendación de instalar cámaras en sus dependencias para evitar los malos tratos durante las detenciones incomunicadas.

Así lo ha reconocido durante la presentación del informe anual del ‘Mecansimo de Prevención de la Tortura’ correspondiente a 2012, que ha tenido lugar en la comisión mixta Congreso-Senado, celebrada en la Cámara Baja. Durante este año, por ejemplo, los ciudadanos vascos Iñaki Igerategi e Inaxio Otaño denunciaron haber sido torturados por la Guardia Civil.

Filmar los arrestos constituye una propuesta que ya realizó la propia institución, así como otros organismos internacionales defensores de los Derechos Humanos. Sin embargo, el Ministerio de Interior no la ha puesto en marcha y tampoco todos los jueces de la Audiencia Nacional española defienden un protocolo que incluye la grabación. «Conviene tener una vigilancia permenente, en vídeo y audio permanente. Esto es algo que existe en muchos centros pero no en todos», ha reconocido.

Además, ha defendido que los arrestados sean atendidos por un forense externo, además del médico, y que los familiares conozcan en todo momento su paradero. Unos mínimos a los que no acceden muchos de los ciudadanos arrestados en régimen de incomunicación.

Becerril, excalcaldesa de Sevilla por el PP, ha eludido las condenas impuestas a Madrid por no investigar las torturas. De hecho, ha llegado a afirmar que los organismos internacionales «son más exigentes con los países de la Unión Europea» que con otros estados. También ha reiterado que, al contrario de lo que certifican estas sentencias, «se investigan todas las denuncias». Además, ha insistido en la importancia de las cámaras, aunque como «garantía para los funcionarios».