El macrojuicio contra Batasuna arrancará el 17 de octubre

El macrojuicio por el sumario 35/02 arrancará el 17 de octubre. La Audiencia Nacional española juzgará a 40 militantes de la izquierda abertzale dentro de un proceso que inició el juez Baltasar Garzón en 2002 con la detención de once personas y el embargo de 75 «herriko tabernas».

Naiz.info|Madrid|2013/06/05 13:57|2 iruzkin
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Manifestación celebrada en 2002 en Bilbo tras las detenciones de diez militantes abertzales. (Jon HERNAEZ/ARGAZKI PRESS)

La Audencia Nacional española ya ha fijado la fecha para el inicio del juicio contra Batasuna. Arrancará el próximo 17 de octubre en Madrid a las 10.00 de la mañana. La fecha coincide con el segundo aniversario de la celebración de la Conferencia Internacional de Aiete.

Entre los encausados figuran importantes dirigentes de la izquierda abertzale, exparlamentarios y otros militantes referenciales.

La mayor petición fiscal, de 12 años de cárcel, es para Arnaldo Otegi –ya condenado en el ‘caso Bateragune’, por lo que fuentes jurídicas estiman que no podría volver a ser juzgado por una acusación idéntica–, Joseba Permach y Rufi Etxeberria.

Para otros veinte imputados el Ministerio Público solicita 10 años: Karmelo Landa, Juan Kruz Aldasoro, Joseba Álvarez, José Luis Elkoro, Josu Iraeta, Adolfo Araiz, José Antonio Egido, Txekun López de Aberasturi, Karlos Rodríguez, Mikel Arregi, Esther Agirre, Miren Jasone Manterola, Floren Aoiz, Kepa Gordejuela, Isa Mandiola, Juanpe Plaza, Antton Morcillo, Santi Hernando, Xanti Kiroga y Jon Gorrotxategi. Y 8 años para José Luis Franco, Maite Amezaga, Joseba Garmendia, Juan Francisco Martínez, Juani Lizaso, Jaione Intxaurraga, Joseba Imanol Kortazar, Rubén Andrés, Enrike Alaña, Agustín Rodríguez, Patxi Jagoba Bengoa, Idoia Arbelaitz, Izaskun Barbarias, Sabin del Bado, Bixente Enekotegi, Andrés Larrea y Pedro Félix Morales.

El tribunal ha establecido un calendario en el que la toma de declaraciones se prolongue hasta el 17 de febrero. Durante ese periodo, además de a los procesados, cita también a declarar a los responsables civiles de más de cien «herriko tabernas».

La Sala no ha puesto todavía fecha a la declaración de testigos y peritos, lo que hará, según fuentes judiciales citadas por Efe, según se desarrolle el macrojuicio.

La fecha del inicio de la vista oral ha llegado después de que esta misma semana, el tribunal especial diera un paso más para iniciar este macrojuicio, al admitir todas las pruebas propuestas por las acusaciones pero no todas las de las defensas.

Sumario abierto en 2002

El macrosumario 35/02 se abrió a partir de la detención en abril de 2002 de once personas. Garzón decretó posteriormente el embargo de 75 «herriko tabernas» y su administración judicial. El 20 de agosto de 2002, el juez inició los trámites para suspender las actividades de Batasuna argumentando «la integración aparente de ésta en el complejo terrorista ETA-KAS-Ekin».

Días más tarde, el 26 de agosto, el mismo juez emite un auto en el que decretaba la suspensión de todas las actividades de Batasuna.

El 2 de setiembre de 2002, el Ministerio Fiscal formuló ante la Sala Especial del Tribunal Supremo, regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la demanda de disolución de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.

El 27 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo español dictó sentencia declarando ilegales los tres partidos políticos independentistas. Asimismo, ordenó la cancelación de sus respectivas inscripciones cursadas en el Registro de Partidos Políticos, decretó el cese inmediato de todas las actividades que realizaran esas formaciones y requirió proceder a la apertura de un proceso de liquidación patrimonial de las mismas.

Tras casi seis años de instrucción, Garzón concluyó el sumario en abril de 2008, procesando a un total de 41 militantes de la izquierda abertzale.

A ninguno de los procesados se les imputa ni una sola acción violenta, sino participar en un proyecto político que el juez instructor y la Fiscalía vinculan a ETA. La mayor petición fiscal es para Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Rufi Etxeberria, para los que reclama 12 años de prisión acusados de «integración» en ETA en grado de «dirigentes».

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