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DONOSTIA

Gipuzkoa propone que los usuarios de vehículos ligeros paguen un tope de 25 euros al mes

La Diputación de Gipuzkoa propone establecer un tope de 25 euros para los usuarios de vehículos ligeros procedentes de otros territorios que circulen por las carreteras N-I A-15 y N-121, mientras que la institución foral subvencionaría el uso de estas vías para los guipuzcoanos.

Larraitz Ugarte y Luis Zarraluqui, antes de la reunión que han mantenido en Donostia. (Gorka RUBIO/ARGAZKI PRESS)
Larraitz Ugarte y Luis Zarraluqui, antes de la reunión que han mantenido en Donostia. (Gorka RUBIO/ARGAZKI PRESS)

La diputada de Movilidad e Infraestructuras de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, ha avanzado la propuesta que la Diputación ha trasladado al consejero de Fomento de Nafarroa, Luis Zarraluqui, en la reunión que han mantenido esta mañana.

Según ha explicado, la institución foral plantea que cualquier usuario de vehículos ligeros procedente de fuera de Gipuzkoa disponga de «un sistema de descuentos por uso habitual» de la N-I, A-15 y N-121 en función de los viajes que realice, de manera que «nunca» pague más de 25 euros.

Por otro lado, el uso de esas vías para los vehículos ligeros de Gipuzkoa estaría subvencionado por la Diputación.

Ugarte ha incidido en que se trata de «una propuesta en abierto» para los territorios afectados, entre ellos Bizkaia, Araba y Nafarroa, con intención de «no perjudicar» a los mismos.

La Diputación de Gipuzkoa tiene previsto mantener, además de la reunión de este lunes con Nafarroa, encuentros con Bizkaia y Araba.

Respecto a los transportistas ha indicado que van a estudiar «medidas paliativas» y que mantienen conversaciones con el sector.

Zarraluqui

Por su parte, Zarraluqui ha indicado que, pese a que «entienden los motivos» que han llevado a formular la propuesta, las tres diputaciones de la CAV, el Gobierno navarro y la Administración estatal deberían plantear una solución a esta cuestión «de una forma general y coordinada».

Respecto al planteamiento de Gipuzkoa, el consejero de Fomento ha manifestado que aunque tiene que «conocer la propuesta y sus características», hay que «valorar si es factible discriminar a usuarios, con posibilidades jurídicas de beneficiarios».