La presidenta de GHK, Ainhoa Intxaurrandieta, ha insistido en que este organismo «es totalmente competente de decidir la anulación del proyecto de la incineradora de Zubieta, desde el momento en que es el promotor de la obra. Y así se recoge en la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (LIPCC), cuando dicta que tanto el departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco como el promotor de las obras tienen la competencia de paralizar la ejecución de las obras en el caso de detectar cambios sustanciales».

Intxaurrandieta ha subrayado, en un comunicado, que la Autorización Ambiental Integrada (AAI) emitida en su día por el Gobierno de Lakua «estará en vigor, tal y como afirma el departamento de Medio Ambiente, pero lo que no está evidentemente en vigor, y no puede estarlo sin incurrir en ilegalidades, es el proyecto que se pretendía ejecutar en Zubieta, porque incumple las condiciones exigidas exactamente por la AAI».

«Volvemos a reiterar que el proyecto que se autorizó no fue el que se licitó. Y más todavía, la obra que se pretendía construir no era la que contó con la aprobación de las Juntas Generales de Gipuzkoa. Por tanto era una obra ilegal e ilegítima», ha apuntado la presidenta del Consorcio, quien ha añadido que «los cambios tan sustanciales que se pretendían hacer» hacían «aún más peligrosa» la incineradora, al eliminar «las plantas de tratamiento de cenizas y de escorias solidas».

Intxaurrandieta considera «sospechoso» que «el informe del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco sea simplemente jurídico y no emita un informe técnico, valorando las implicaciones medio ambientales que evidentemente entrañaban los cambios apuntados. Extraña que no diga absolutamente nada acerca de la naturaleza misma de los cambios que se pretendían llevar a cabo, ni que evalúe si no son realmente cambios sustanciales, ni si no son de naturaleza contaminante y peligrosa. Es igualmente preocupante que quien dio la autorización no haya comprobado, ni controlado ni fiscalizado la obra que ha autorizado para ver si cumple lo exigido, máxime cuando se trata de una incineradora que conlleva como tal el riesgo de ser contaminante».