Representantes de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Jimi Jiménez y Paco Etxeberria, así como la presidenta de la Asociación de Familiares de Fusilados de Nafarroa, Olga Alcega, han comparecido en la comisión de Presidencia, Justicia e Interior del Parlamento foral para dar cuenta de los fusilados que aún quedan por exhumar en el herrialde, cifra que excluye a los casos que no son viables.

La comparecencia había sido solicitada por PSN, Bildu, Aralar-NaBai, Izquierda-Ezkerra y el parlamentario no adscrito Patxi Leuza para que ambas organizaciones expusieran sus demandas para el año 2014 en cumplimiento de la Ley Foral de Memoria Histórica de Nafarroa, aprobada en noviembre del pasado año.

Olga Alcega ha solicitado al Ejecutiva foral «un compromiso estable y profundo» con esta ley, cuyo contenido «es prioritario» en su totalidad, aunque «sobre todo» en lo relativo a las fosas.

«Lo mas importante para nosotros es recuperar cuantos más restos, ya que sabemos que va a ser imposible recuperar a todos, pero cuanto más tardemos más dificultad tendremos», ha comentado Alcega, quien también ha considerado que la simbología franquista que todavía persiste en Nafarroa «hay que retirarla y cuanto antes».

Sobre el Parque de la Memoria de Sartaguda, ha señalado que para el Gobierno foral los 13.000 euros que cuesta su mantenimiento «no es un gran coste».

El forense Paco Etxeberria ha señalado que en el conjunto del Estado español han exhumado desde el año 2.000 unos 6.500 esqueletos de unas 300 fosas comunes, «unas cuantas de ellas» en Nafarroa, y ha precisado que en este herrialde tienen «en cartera» una lista de fosas «para las que ahora mismo no hay financiación».

Una financiación que también ha considerado necesaria para recuperar las inscripciones que hay en la paredes de las celdas del fuerte de San Cristóbal, unos mensajes a su entender «muy interesantes» que «están pidiendo a gritos» que alguien los recupere «decentemente» en consideración a sus autores.

Intervenciones de los grupos

En el turno de intervención de los grupos, el portavoz del PSN Pedro Rascón ha señalado que van a estar «muy pendientes» del desarrollo de la Ley, un asunto «muy sensible» para el partido que, ha prometido, va a exigir «que quien tiene que cumplir esta norma la cumpla».

Víctor Rubio, de Bildu, se ha mostrado «bastante más pesimista» que los comparecientes en este asunto a la vista del dinero que gasta cada año el Gobierno de Nafarroa. «Mientras no cambie este Gobierno somos terriblemente pesimistas», ha señalado.

Desde Aralar-NaBai, Patxi Zabaleta ha considerado que «no hay excusa» para no llevar a cabo las exhumaciones, igual que el mantenimiento del parque de Sartaguda y otras obligaciones marcadas en la Ley, cuyos plazos además se tienen a su juicio que cumplir.

Txema Mauleon, de Izquierda-Ezkerrra, coalición impulsora de la Ley, ha señalado que van a pedir la comparecencia del consejero de Presidencia y ha precisado que las cifras económicas aportadas «son una cuestión de mínimos y no debe de existir ningún problema para que se lleven a la práctica».

El parlamentario no adscrito Patxi Leuza ha apostado por dar una solución al fuerte de San Cristóbal y se ha mostrado preocupado por que la Ley «contempla una financiación que no llega».

Por parte de UPN, Javier Caballero ha comentado que su partido ha tomado nota de las demandas e informaciones ofrecidas y ha agradecido la colaboración con las instituciones navarras reconocida por los comparecientes, deseando su continuidad.

Amaia Zarranz (PPN) ha reconocido que les «preocupa especialmente recuperar cuanto antes el mayor número de cuerpos o por lo menos saber donde están enterrados», lo que ha considerado «fundamental» para sus familiares, a quienes ha ofrecido su apoyo.