Vayamos a los hechos: la presidenta de la Diputación de León y del PP en esa provincia, Isabel Carrasco, murió a tiros el lunes y la Policía tiene detenidas a dos mujeres, Montserrat González y Montserrat Triana Martínez, madre e hija, militantes también del PP. Ha trascendido que el crimen pudo deberse a una venganza personal, puesto que Montserrat Trina fue despedida de su puesto en la Diputación y le reclamaron parte del sueldo recibido. Según medios leoneses, ambas familias se conocían con anterioridad, las relaciones se torcieron y en el despido hubo «algo personal».

El tiroteo carece de connotaciones políticas. Si alguien quisiera buscarlas, debería hacerlo en el hecho de que todos los implicados son del PP y que, según lo publicado, Montserrat Triana Martínez no solo vio truncada su carrera profesional al cobijo de la Diputación (entendido, por lo que se ve, como cortijo del partido), sino también su continuidad en la lista municipal de Astorga en 2011, pese a que en 2007 se quedó a escasos votos de ser concejal, aspiración que cumplió durante los dos meses finales de legislatura por una sustitución.

Pese a la inexistencia de motivos ideológicos en el asesinato, un sector de la derecha aprovechó la ocasión para arremeter contra las expresiones ciudadanas de descontento con los políticos. El mensaje, alentado primero en Twitter y recogido luego por columnistas y editorialistas, vendría a resumirse en que «se empieza haciendo escraches y se acaba matando».

Semejante hilo argumental carecería de sentido incluso en el caso de que las autoras de los disparos hubieran sido objeto de algún desahucio o del cierre de alguna empresa, o catalogables en eso que llaman «sectores antisistema». Pero siendo como son las detenidas militantes del partido que gobierna en toda la escala institucional que va desde el Ayuntamiento de León hasta la Moncloa, tratar de mezclar lo ocurrido con el «ambiente de creciente animadversión hacia los miembros de la clase política» es una manipulación tan interesada como inaceptable.

Da la impresión de que el stablisment pretende utilizar el shock mediático para criminalizar las expresiones organizadas del descontento ciudadano frente a una situación de crisis al que algunos partidos no son ajenos, y cerrar filas en defensa de una determinada casta política (no de todos los políticos).

Extender el shock y señalar a quien no participa de él fue también lo que se hizo con la suspensión de la campaña electoral por unas horas. Es entendible que el PP, partido al que pertenecía la víctima -pero no olvidemos que también las dos supuestas autoras de los disparos-, estuviera consternado y con poco ánimo para hacer mítines, pero admitamos que el que cualquier otro partido hubiera mantenido la explicación de su programa y la petición de voto no le habría otorgado ventaja electoral alguna. De hecho, ayer el PP siguió de luto y el resto de partidos retomaron la campaña.

Suspender los actos electorales por la muerte de una representante institucional que no participaba directamente en estas elecciones, y a la que han disparado por cuestiones personales, trasmite la imagen de cierto gremialismo entre políticos. Además, vuelve a establecer una diferenciación entre lo que cada vez se ve más como una elite y el resto de la ciudadanía. La muerte en accidente de cinco adolescentes extremeños no impidió el arranque de la campaña salvo en su ámbito territorial más cercano. Y a nadie le importó, a efectos electorales, que una mujer apareciera degollada en el rellano de la escalera del número 31 de la calle Fuencarral de Madrid. ¿Dónde está la frontera?

Puede por tanto entenderse -y compartirlo o no- que haya candidaturas que opten por no seguir al pelotón y no interrumpir su actividad política. Así lo hicieron, por lo menos, EH Bildu y Podemos. En el caso de las formaciones independentistas cabría añadir que si los mismo hechos hubieran ocurrido en Burdeos, en lugar de en León, a nadie en Euskal Herria se le hubiera ocurrido siquiera plantearlo, y eso que la ciudad francesa está mas cerca de nuestras lindes y estamos en una campaña europea.

Pese a todo, la presidenta del PP de la CAV, Arantza Quiroga, que oficialmente había suspendido su campaña, bien que convocó una rueda de prensa para, entre otras cosas, criticar a EH Bildu por su «falta de sensibilidad» y pontificar «cuánto recorrido les falta aún». Quiroga pretendió establecer una superioridad moral de su posición, acumulando calificativos sobre la «brutalidad» de lo ocurrido y el debido «respeto a la vida», hasta llegar al «hoy todos somos del PP de León». Una frase de doble filo, dadas las circunstancias. Obsérvese que los dirigentes del PP, desde Arantza Quiroga a Mariano Rajoy, reivindican y loan a la víctima, pero ni mencionan a quienes le dispararon por la espalda.

La muerte de Isabel Carrasco irrumpió en la campaña y entró de inmediato a formar parte de la misma. Las reacciones se han convertido en un curso acelerado de corrección política profesional, sobre lo que se debe hacer y lo que no, sobre lo que cabe recordar y lo que hay que olvidar.