El juez Eloy Velasco ha desestimado los recursos de UPyD, de la Fiscalía y del expresidente de Nafarroa Miguel Sanz y ha confirmado el archivo de la causa decretado por la Audiencia Nacional en junio y la inhibición de la misma a un juzgado de Iruñea para que investigue las operaciones delictivas que pudieron cometerse en Caja Navarra antes de que la absorbiera Banca Cívica.

Los recurrentes basaban su recurso en la falta de documentación relevante para aclarar los hechos y alegaban que ello impediría dar certeza a las conclusiones del informe pericial remitido al instructor.

Sin embargo, el juez entiende que los peritos analizaron la información financiera de 2010 y 2011 y estima que «está bien valorada, enviando al mercado una foto fiel de su valor».

Velasco concluye que en la integración, absorción y compra por Caixabank de Banca Cívica no hubo delito, que el saneamiento contra reservas fue un proceso generalizado en el sector de las cajas por falta de liquidez en el mercado, que el erario público ha reintegrado sus aportaciones, los preferentistas han recuperado sus inversiones y no se han apreciado irregularidades en la contabilidad.

Enmarca todos los hechos en el momento de crisis económica y en una coyuntura bancaria en la que era necesario realizar ajustes para incrementar liquidez por imperativo de la normativa comunitaria. Añade que estos factores explicarían la disminución de la solvencia de la entidad, que sin embargo «reflejó de manera adecuada su situación patrimonial».

El juez critica a los denunciantes por pretender una «causa general o investigación de tipo prospectiva» que, según el magistrado, puede responder más a una «frustración política por haberse negado a la parte denunciante una comisión de investigación parlamentaria».

De esta forma, solo una parte de la investigación se llevará por parte del Juzgado de Instrucción 3 de Iruñea, que era el que había iniciado la causa antes de remitirla a Madrid. En concreto, se trata de la querella por la presunta dilapidación de la solvencia de Caja Navarra con inversiones inmobiliarias y otras operaciones sospechosas.