La Diputación de Gipuzkoa ha explicado en un comunicado que en la legislatura anterior (2008-11), la institución foral y Eusko Trenbide Sarea (ETS), dependiente del Gobierno de Lakua, llegaron a un acuerdo verbal por el cual la Diputación ejecutó algunas obras relacionadas con el TAV. Como contrapartida, «ETS debía abonar 7,5 millones de euros a la Diputación». Añade que «a pesar de no haber firmado convenio alguno», las obras fueron ejecutadas con un coste de 7,5 millones de euros para la Diputación.

Se trata de las obras de la ampliación del viaducto del Urumea en el Segundo Cinturón –para posibilitar el paso del TAV- y la construcción de tres pasos inferiores en las variantes de Andoain, Hernani y Martutene.

Según la institución guipuzcoana, a día de hoy «el Gobierno vasco todavía no ha pagado y no parece dispuesto a pagar, con el pretexto de que corresponde a Adif abonar ese importe». Por su parte, Adif, dependiente del Gobierno español, responde que es el Ejecutivo autonómico el que tiene que abonar esa cantidad.

En vista de la situación, y «dado que es evidente que la Diputación y Bidegi –las obras relacionadas con el Segundo Cinturón las pagó Bidegi– gastaron ese dinero y no les correspondía realizar esa inversión», tanto la Diputación como Bidegi han iniciado los trámites para solicitar el pago en los juzgados.

Según concreta en su nota, la Diputación publicará esta misma semana un decreto foral para tramitar el expediente administrativo y, previa audiencia de las entidades afectadas, si estas no abonaran el importe solicitado, interpondría la reclamación previa para poder iniciar la vía contencioso-administrativa.

En el caso de Bidegi, el Consejo de Administración decidirá mañana comenzar la vía contencioso-administrativa. La reclamación está dirigida tanto a Adif como a ETS y se ha solicitado que entre los dos paguen los 7,5 millones de euros.

La Diputación recuerda que «lleva años» solicitando ese dinero tanto a Madrid como a Lakua pero «por ahora ninguno de los dos lo ha pagado».

A su entender, es el Ejecutivo de Urkullu al que corresponde abonar ese importe, «ya que en 2006 firmó un convenio con Adif para asumir las obras del TAV en Gipuzkoa, y la Diputación Foral de Gipuzkoa ejecutó dichas obras entre 2008 y 2011».