Tapia ha comparecido ante la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento de Gasteiz, a petición de EH Bildu, que solicitó su presencia por unas declaraciones en las que aseguraba que «algunos empresarios se están yendo por el impuesto a la riqueza de Bildu».

La consejera ha rechazado que estas palabras sean una defensa de la elusión fiscal, como le había acusado la coalición soberanista, ni demuestran que está en contra de la persecución del fraude fiscal.

El pasado mes de julio la Diputación de Gipuzkoa dio a conocer que la primera campaña del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas recaudo 57 millones de euros, un 47,6% más que en 2012, unos datos que la institución foral calificó de «excelentes» y que evidencian que «las empresas no se han marchado».

Tapia ha asegurado que sus palabras se basaban en que empresarios guipuzcoanos le habían explicado que tendrían que endeudarse para poder pagar el impuesto, cuando están demostrando su «gran compromiso con el país».

Preguntada al respecto, la consejera no ha facilitado datos sobre cuántos contribuyentes han podido marcharse de Gipuzkoa por este impuesto, porque esa información la tiene la Diputación, aunque ha recordado informaciones periodísticas que cifran en 49 los que han trasladado su domicilio fiscal fuera de este territorio.

«Para personas con más de 700.000 euros»

Leire Pinedo (EH Bildu) ha apuntado que si 49 personas han cambiado su domicilio fiscal, otras 61 lo han fijado en Gipuzkoa, y ha pedido que «no se engañe a la gente», porque el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas «no castiga la actividad económica» y empresarial, sino que grava las fortunas no destinadas a generar actividad económica.

«Afecta a las personas que tienen más de 700.000 euros y no a la actividad económica. Es más, favorece el empleo de los capitales para usos productivos y no especulativos, que benefician económicamente al territorio», ha añadido.

Según Pinedo, el «unico objetivo» de la consejera fue  «alimentar la campaña de marketing hueco contra la política fiscal guipuzcoana que, precisamente, ayuda a quien menos tiene y aboga por que las grandes fortunas colaboren con el desarrollo del país».

Susana Corcuera (PSE) ha considerado «torpes» y «francamente desafortunadas» las declaraciones de la consejera del pasado mes de mayo, ha mostrado el apoyo de su partido a este impuesto y ha recordado que «incentiva el uso productivo de la riqueza, frente a otros usos, como el especulativo».

Mari Carmen López de Ocáriz (PP) se ha lamentado de que este impuesto está afectando a empresas con entre 5 y 10 empleados y que va a conseguir «expulsar al empresariado» de Gipuzkoa.