El pasado 22 de julio, ELA presentó una demanda ante la Fiscalía para que investigue las responsabilidades que pudiera haber por la multa de 30 millones de euros impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Según el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, las instituciones vascas tardaron «un montón de tiempo, 2.500 días, en dar cumplimiento a una sentencia que había que cumplir», y que declaró ilegales las ayudas a empresas conocidas como vacaciones fiscales.

Muñoz opinó que «no hubiera habido multa, si las Haciendas diligentemente hubieran hecho lo que el tribunal europeo mandó».

Tras la demanda de ELA, el fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro ha confirmado a Efe que ha incoado diligencias de investigación al respecto.

Calparsoro ha solicitado al Gobierno de Lakua y a las tres diputaciones forales que le remitan documentación sobre todas las actuaciones realizadas y los acuerdos adoptados para recuperar esas ayudas que Bruselas consideró ilegales.

Tras el análisis de esa documentación, la Fiscalía decidirá si archiva la causa o abre un procedimiento por esa actuación de las instituciones.