La eutanasia se encuentra tipificada como delito en el Código Penal, por lo que regular esta práctica escapa a las competencias del Parlamento autonómico y depende de las Cortes españolas. A pesar de ello, la mayoría de los grupos parlamentarios se han mostrado partidarios de debatir sobre este asunto.

El pleno de la Cámara ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley con el apoyo de PNV, EH Bildu y el PSE. El PP se ha abstenido, al considerar que este asunto no es una «prioridad», al igual que ha hecho UPyD. Este último partido, no obstante, se ha mostrado de acuerdo con los contenidos «fundamentales» de la propuesta.

Tras su toma en consideración, la proposición de ley será objeto de análisis y aportaciones de los grupos parlamentarios, hasta que sea sometida a la votación definitiva en un nuevo pleno.

Los derechos en el proceso final de la vida

La propuesta tiene el objetivo de regular los derechos que corresponden a las personas en el proceso del final de su vida y las obligaciones del personal sanitario que atiendan a estos pacientes. También se pretende concretar las garantías que deben proporcionar las instituciones a los ciudadanos en el proceso del final de sus vidas.

El texto recopila en un mismo marco legislativo aspectos como el derecho del paciente a rechazar las intervenciones propuestas o la obligación de respetar el Documento de Voluntades Anticipadas –en el que una persona puede dejar fijadas instrucciones sobre su tratamiento médico–, sobre las que no existe una regulación específica.

En la actualidad no existe una ley estatal que regule esta materia de forma integral, y tan solo existen leyes autonómicas en Andalucía, Nafarroa y Aragón. El texto incluye un apartado de definiciones, en el que explica la eutanasia como «actuaciones de los profesionales sanitarios que causan directamente la muerte de los pacientes a los que atienden porque estos lo piden de manera voluntaria, informada y capaz, al padecer una enfermedad grave e irreversible que les produce un sufrimiento que no puede ser mitigado de forma alguna».

El documento destaca que «el derecho a la vida lleva aparejado el deber de respetar la vida ajena, pero no el deber de vivir contra la propia voluntad en condiciones de sufrimiento extremo». «Debemos proteger la vida, pero no imponer el deber de vivir en todas las circunstancias», señala la propuesta.

«Libertad»

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha destacado la necesidad de debatir de forma «normalizada» sobre la muerte y ha afirmado que las personas deben poder adoptar en «libertad» la «última decisión» de sus vidas.

Desde el PNV, Kerman Orbegozo ha explicado que hay que «garantizar la dignidad» de las personas en el final de su vida, por lo que ha coincidido en la conveniencia de debatir sobre este tema.

La parlamentaria del PSE Miren Gallastegui ha señalado que es una obligación «política» lograr un consenso suficiente para que las personas puedan «afrontar de la mejor manera posible el ciclo final de sus vidas».

Por parte del PP, Carmelo Barrio ha considerado que una ley de este tipo no es una «prioridad», y ha rechazado que el personal sanitario se encuentre en una situación de «inseguridad jurídica» por la falta de regulación de este tema.

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, pese a su abstención, se ha mostrado de acuerdo con la parte «fundamental» de la iniciativa de EH Bildu.