Araba Sin Garoña ha analizado el auto del Tribunal Supremo que ha desestimado la petición de las Juntas Generales de Araba de suspender de forma cautelar la actividad de la central nuclear de Garoña mientras resuelve la denuncia contra el decreto de reapertura de esta planta.

El portavoz de la iniciativa, Alberto Frías, ha denunciado que la resolución del tribunal español «acaba poniendo los intereses económicos de las eléctricas, defendidos en este caso por el Abogado del Estado, por encima del futuro, la seguridad y la vida de quienes viven en el ámbito de la vetusta central nuclear».

Ha advertido de que en el apartado de las consideraciones económicas, el Supremo utiliza «falacias y datos contrarios a la realidad».

Frías ha explicado que el Estado español «tiene una capacidad de producción eléctrica sobredimensionada que se sitúa en los 104.000 megavatios, cuando el punto de mayor demanda nunca ha sobrepasado los 44.000 megavatios».

Por tanto, «ante cifra tan contundente decae cualquier tipo de argumentación relativa al derecho al suministro eléctrico», ha opinado.

Aunque ha calificado el auto de «mala noticia», ha opinado que el Tribunal Supremo «no cierra en absoluto la vía judicial emprendida, ya que además de no pronunciarse sobre el fondo del asunto, deja abierta la puerta a recurrir todos los actos de ejecución que se derivan del decreto recurrido, especialmente todos los referidos a las actuaciones y decisiones del Consejo de Seguridad Nuclear».

El portavoz de Araba Sin Garoña ha pedido a los partidos políticos vascos que trabajen de forma «unitaria», como ha hecho la parte social, ya que, a su juicio, tienen instrumentos a su alcance para impedir la reapertura de Garoña aunque todavía no han profundizado en ellos.