La Junta de Fiscales de Sala, reunida desde las 10.00 en la sede la Fiscalía General del Estado, ha dado un apoyo mayoritario a Eduardo Torres-Dulce en su decisión de interponer una querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera de Educación, Irene Rigau, por su papel en el proceso participativo del pasado 9 de noviembre.

Asi lo han señalado fuentes fiscales al término del encuentro, que se ha prolongado durante algo más de cuatro horas. El apoyo ha sido «casi unánime» según fuentes fiscales citadas por Europa Press y Efe. Según esas fuentes, tan solo dos fiscales han mostrado dudas sobre la procedencia de interponer una acción penal contra los responsables de la Generalitat. Se trata del fiscal del Tribunal Supremo Pedro Crespo y del jefe de la Fiscalía de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.

El primero ha manifestado sus dudas con respecto a si una resolución del Tribunal Constitucional, que no forma parte del ordenamiento jurídico, es directamente ejecutable; mientras que el segundo ha mantenido que la acción de la Fiscalía debería realizarse en relación con las demandas ciudadanas que ya han llegado contra Mas al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

El fiscal general del Estado plantea una querella por los supuestos delitos de prevaricación, malversación, desobediencia y usurpación de funciones.

Mas, Ortega y Rigau y los delitos son básicamente los que ya figuraban en el primer borrador de la querella que la Fiscalía General del Estado mandó a la Fiscalía catalana al día siguiente del proceso participativo para su interposición inmediata, aunque los fiscales catalanes se negaron a hacerlo.

Tras el respaldo de la Junta de Fiscales, el fiscal general ordenará en los próximos días al fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, que interponga una acción penal contra los tres, según las citadas fuentes.