La Audiencia de Nafarroa acoge desde hoy un nuevo juicio contra el exalcalde de Eguesibar Josetxo Andia, después de que el Juzgado de lo Penal número 1 de Iruñea ordenara repetir el proceso que tuvo lugar en mayo y junio por un tecnicismo.

El fiscal pide cuatro años de cárcel por un delito de malversación por la compra de preferentes de Catalunya Caixa, así como 8 años de inhabilitación, el pago de las costas y una indemnización de 61.381 euros para la empresa Andacelay, mientras que la defensa solicita su libre absolución.

La acusación particular por su parte pide para Andia 10 años de inhabilitación por prevaricación, uno de cárcel y seis de inhabilitación por fraude, multa de 200.000 euros por delito societario, 3 años de prisión y 6 de inhabilitación por malversación y sendas indemnizaciones de 66.710 euros para Andacelay y de 18.840 para los vecinos del valle.

Los hechos están relacionados con la compra de participaciones preferentes de Catalunya Caixa por un importe de 100.000 euros por parte de Andacelay S.L., una empresa de propiedad municipal en la que Andia era en el momento de la operación consejero delegado en su calidad de alcalde.

La compra de estas participaciones, según las conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, se acordó sin consultar al resto de consejeros ni respetar los principios de igualdad y no discriminación en la contratación pública, a lo que suma el deber de abstención que debió respetar Andia dada su relación de amistad con el director de la sucursal bancaria y su relación de servicio con la entidad, de la que estaba en excedencia cuando en marzo de 2011 decidió la compra.

El fiscal destaca asimismo que las preferentes fueron catalogadas como instrumento financiero complejo no apto para minoristas y que la sociedad pública Andacelay había acordado en noviembre de 2010 no realizar ninguna operación que generara ingresos salvo los correspondientes a los intereses de sus cuentas bancarias.

Subraya también que la sociedad no fue informada de la compra de las participaciones cuando en marzo de 2011 se reunió su consejo de administración, lo que entiende como «ánimo de ocultación».

Por último indica que cuando se hizo la adquisición ya se conocían los problemas con las preferentes, con las que la sociedad municipal perdió finalmente 66.710 euros, y Andia era un profesional del sector bancario y conocía, como el intermediario de la entidad, que «prácticamente regalaban el dinero».