Aunque todos los periodistas de la Ciutat de la Justícia de Barcelona perseguían esta mañana la imagen del expresident Jordi Pujol entrando a declarar como imputado, los juzgados de la capital catalana han acogido también el primero de los ocho juicios que esta semana se celebran contra algunos de los 84 detenidos en la semana de protestas que siguió al intento de desalojo del Centre Social Autogestionat Can Vies, en el barrio de Sants de Barcelona.

Según los datos de la Assemblea d'Encausades, al menos 11 personas serán juzgadas esta semana en ocho procedimientos diferentes, en los cuales la Fiscalía pide hasta cinco años y 10 meses para algunos de los procesados, a los que se les imputan delitos de desobediencia y atentado a la autoridad.

Unas penas que uno de los abogados de los encausados, Andrés García Berrio, ha considerado en declaraciones a Catalunya Radio «absolutamente desproporcionadas» y ha puesto el ejemplo de uno de los acusados, al que la Fiscalía reclama cinco años de prisión por haber lanzado «una cerveza medio vacía» contra un furgón de los Mossos d'Esquadra. También ha recordado que Sergi Rubià, una de las dos personas que pasó tres semanas en prisión preventiva, fue ya juzgado por los incidentes de Can Vies y rápidamente absuelto.

L'Assemblea d'Encausades y los abogados también han subrayado en los últimos días que se trata de acusaciones fabricadas en atestados policiales en los que únicamente consta como prueba de cargo la declaración de agentes de la policía catalana. Un aspecto sobre el que la sociedad catalana está más sensibilizada que nunca, después del impacto producido por el documental ‘Ciutat Morta’.

Sigue la reconstrucción de Can Vies

Los Mossos d'Esquadra trataron de desalojar el CSA Can Vies el 26 de mayo de 2014, el día después de las elecciones europeas. Aunque la decena de personas que permaneció en el espacio ofreciendo resistencia pasiva fue desalojada, la acción policial dio pie a la respuesta del barrio y de buena parte de los movimientos sociales de Barcelona, que durante toda una semana convirtieron Sants en escenario de protestas, reivindicaciones y enfrentamientos con la Policía, que no se privó de imponer un estado de excepción de facto en el barrio.

Tras cuatro días y noches de enfrentamientos, el Ayuntamiento y los Mossos dieron un paso atrás, de modo que el 31 de mayo, centenares de personas reocuparon el espacio, medio derruido por las excavadoras del Ayuntamiento. Comenzó entonces un proceso de reconstrucción y de readaptación del proyecto que sigue hoy en día, gracias en buena parte a una campaña de micromecenazgo con la que se obtuvieron cerca de 90.000 euros. Más de medio año después del intento de desalojo y derribo del CSA, cada fin de semana decenas de personas se reúnen para reconstruir el espacio.