«Repudiamos la forma en que el procurador (Jesús Murillo Karam) pretende cerrar de manera descarada» la investigación de los hechos registrados el 26 de setiembre pasado en Iguala, «violentando» los acuerdos alcanzados con el presidente Enrique Peña Nieto, ha dicho el portavoz de los familiares, Felipe de la Cruz, en rueda de prensa.

«No vamos a permitir que cierren las investigaciones con la sola declaración de los asesinos», ha apuntado, y ha añadido que las familias van a mantener su lucha «hasta que se nos demuestre de manera científica» lo ocurrido.

Por su parte, el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, ha mencionado varios argumentos por los que aún debe permanecer abierta la investigación del caso, que hasta ahora –ha dicho– «no es concluyente», y ha anunciado que acudirán a instancias internacionales.

Ha señalado que el 2 y 3 de febrero viajará a Ginebra para denunciar al Gobierno ante el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en Ginebra, en el marco de la evaluación a México en la materia, y ha asegurado que en el caso ya se ve una «tendencia a la impunidad».

«México tiene responsabilidad internacional de cara a los derechos humanos y tendrá que ser revisado por organismos internacionales de derechos humanos», ha apuntado.

El letrado ha calificado, además, de «grave» que el fiscal haya presentado sus conclusiones sólo a «unos días» de la llegada de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que darán asistencia técnica en la investigación del caso.

La Fiscalía debe llevar a cabo una investigación, amplia, exhaustiva y profunda para «conocer la verdad de los hechos», ha apuntado Rosales, quien ha atribuido a motivos políticos «la prisa» para cerrar el caso con muchos puntos aún por esclarecer.

Entre los puntos débiles, ha indicado que los peritajes tenían que ser avalados por los peritos argentinos dado que la Fiscalía cuenta con un «largo historial» de cambios «a modo» de las pruebas, así como las declaraciones de detenidos obtenidas «bajo coacción».

Los testimonios de integrantes de una «organización criminal no pueden tener toda la contundencia en términos probatorios», ha dicho Rosales, quien ha aludido a inconsistencias entre la versión de los policías, que aseguraron que los jóvenes habían sido ejecutados y enterrados en fosas, y la de Guerreros Unidos.

Además, ha considerado «sumamente grave» que algunos de los 99 detenidos sean imputados por homicidio, ya que –salvo en el caso de uno de los jóvenes– no hay evidencia científica de que los 42 restantes fallecieron, y ha asegurado que la desaparición forzada es la «figura delictiva más idónea» por la que debieran ser procesados.

El representante legal de las familias ha destacado que hay líneas pendientes de investigación: el papel que jugó el Ejército y el entorno político que propició los ataques a los estudiantes perpetrados por policías a sueldo del crimen organizado, incluido el exgobernador Ángel Aguirre.

En nombre de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, David Flores, ha considerado que «hay un interés político grande, que son las elecciones, y quizá (las autoridades) tienen la esperanza de que aceptemos la supuesta realidad».

El 7 de junio se efectuarán comicios en que los mexicanos elegirán 500 diputados federales, los Gobiernos de nueve estados y 1.532 funcionarios locales.