El crédito es para «atender durante 2015 las necesidades de financiación del Acuerdo para la Reactivación de la Economía y el Empleo y el Consejo de Diálogo Social», un proyecto que el Gobierno justifica para «adecuar los procedimientos de concertación social a las nuevas necesidades y demandas de las empresas, los trabajadores y la sociedad».

A tal objeto, tal y como se dispone en la Ley Foral por la que se creó el Consejo de Diálogo Social, órgano institucional permanente de encuentro, participación y negociación entre el Ejecutivo Foral y los sindicatos y organizaciones empresariales más representativos, se impone dotar de presupuesto al Acuerdo para la Reactivación de la Economía y el Empleo.

Este fue suscrito el 3 de octubre de 2014 entre el Gobierno y «los agentes sociales más característicos», en referencia a la patronal CEN y los sindicatos UGT y CCOO.

A su vez, la Ley prevé la consignación anual de una partida presupuestaria destinada a las organizaciones sindicales y empresariales integradas en el Consejo (900.000 euros en 2015), al margen de otras subvenciones que perciban para fomento de su actividad.

La cuantía de la subvención, de carácter nominativo, se actualizará conforme a la variación del IPC, con el límite del Presupuesto de la Comunidad.

La norma, aprobada hace tres meses con el respaldo de UPN y PSN y la oposición de Bildu, Aralar-Nabai, PP, I-E y Geroa Bai, entiende por diálogo social «las tareas y actividades de promoción y defensa de los intereses generales, comunes, sectoriales e intersectoriales que corresponden a todos los trabajadores y empresarios».

La enmienda a la totalidad de Bildu y Aralar-Nabai entiende por el contrario que se trata de un «ejercicio de ingeniería presupuestaria dirigido a sustraer las distintas líneas de formación, incluida la parte cofinanciada por el Estado, a la libre concurrencia», todo para «blindar los privilegios de UGT, CCOO y CEN».

Para los enmendantes, el proyecto de Ley descansa sobre «prácticas incompatibles con el rigor y la transparencia» exigibles en las políticas públicas, no en vano «persevera en una concepción clientelar de la Administración que subvierte la igualdad y favorece la exclusión».

Tras el rechazo de la enmienda a la totalidad, el PLF por el que se concede un crédito extraordinario de 5.498.455 euros para financiar el Acuerdo para la Reactivación de la Economía y el Empleo y el Consejo de Diálogo Social, al que se han presentado siete enmiendas parciales, será dictaminado en Comisión y pasará al Pleno.

En defensa de la enmienda a la totalidad, Txentxo Jimenez (Aralar-NaBai) ha cuestionado «una ley que nunca debería haber venido al Parlamento» porque «nunca se deberían dictar leyes con nombres y apellidos» ni «legislar en contra de la sociedad y del sentido común».

Bikendi Barea (Bildu) ha coincidido en observar que este proyecto «no sirve más que para subvencionar a estas tres organizaciones» en concepto de «servicios prestados», lo que supone una «rotunda discriminación a las otras organizaciones que colaboran desinteresadamente con el Gobierno de Navarra».

Coro Gainza (UPN) ha defendido la legalidad de las políticas del Gobierno foral y ha justificado la presencia en estos acuerdos de esos sindicatos por su mayor apoyo, al tiempo de que ha aseverado que a Bildu y Aralar «lo que les molesta es que UGT y CCOO sean los sindicatos mas representativos».

Juan José Lizarbe (PSN) ha defendido el proyecto, dirigido a «fortalecer el diálogo social protagonizado por quienes deben hacerlo», mientras que Ana Betrán (PP) ha considerado que los partidos y sindicatos abertzales «priman parámetros ideológicos por encima de laborales o económicos».

José Miguel Nuin (I-E) ha rechazado «demonizar» la financiación pública de sindicatos, pero repartida entre todos «en función de su representatividad» y «con transparencia, control y legalidad absoluta».