El Tribunal de Cuentas ha impuesto una fianza de casi medio millón de euros al exalcalde de Gasteiz y actual ministro español de Sanidad, Alfonso Alonso, y al resto de su equipo de gobierno en 2007, entre ellos el actual regidor, Javier Maroto, por el alquiler presuntamente irregular de unos locales municipales en la calle San Antonio.

A juicio del portavoz del PNV, Gorka Urtaran, la decisión del Tribunal de Cuentas «deslegitima a Javier Maroto para dirigir» la ciudad porque «ha traicionado» a Gasteiz y que «ha quedado desacreditado como gestor público».

El portavoz jeltzale ha llegado a esta conclusión tras constatar que el alcalde «ha faltado a la verdad, ha ocultado información y no ha defendido los intereses económicos» de la capital. «Queda claro que el PP de Vitoria es igual al PP de Madrid», ha señalado.

Urtaran ha puesto de relieve que, «frente a la tesis defendida por el PP de que el ‘caso San Antonio’ estaba prescrito, la instructora ha sido tajante en su idea de continuar adelante con el proceso y solicitar que el equipo de gobierno de Alfonso Alonso haga frente a cuantiosas fianzas por presunta responsabilidad contable», por lo que «la credibilidad de Maroto como gestor y defensor de los intereses de Vitoria queda absolutamente en tela de juicio».

También la candidata de EH Bildu a la Alcaldía de la capital en las próximas elecciones, Miren Larrion, ha considerado que la decisión del Tribunal de Cuentas pone nuevamente en evidencia que «el PP es la ruina» de Araba y de Gasteiz.

«Hasta los propios aparatos del Estado hacen responsables a Alonso y a Maroto de la ruina de San Antonio», opina Larrion, quien considera que ya «se ha acabado el tiempo de los chanchullos», que «es el momento de airear el Ayuntamiento» y que «EH Bildu es la única garantía para ello».

Fuentes del PSE han señalado a Efe por su parte que esta resolución demuestra que el contrato de alquiler gestionado por Alonso y Maroto fue «totalmente perjudicial».

En esa formación entienden que con la resolución se demuestra que este contrato se hizo en beneficio «del interés privado de un empresario» –el dueño del local, Gonzalo Antón– y que hubo «dejación» a la hora de preservar el interés público de la ciudad.

El Tribunal de Cuentas ha adoptado esta decisión tras escuchar este jueves a los representantes legales de Alonso y del Ayuntamiento, en el procedimiento de investigación que lleva a cabo por un contrato de alquiler de 20 años de unas oficinas municipales en la calle San Antonio por 6 millones de euros, más del doble de lo que el propietario había pagado un año antes por la compra del local (2,7 millones).