Los familiares de los desaparecidos han encabezado diversos actos de protesta, incluyendo un mitin en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) en Ciudad de México, donde una delegación de familiares se ha reunido con miembros del Consejo General del organismo.

En el encuentro, los padres y madres de los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa han entregado un documento en que plantean una serie de «peticiones que no solamente se resumen en no (celebración de) elecciones» en el estado sureño de Guerrero, ha dicho a Efe un portavoz del INE.

Los familiares han presentado propuestas como elecciones por usos y costumbres, una figura incluida en la legislación mexicana para las regiones indígenas y que prevé la votación por mano alzada o a través de marcar el respaldo a un aspirante en un pizarrón.

Además, han planteado «gobiernos populares», ha señalado la fuente, que ha dicho que los consejeros electorales «reconocieron la voluntad de diálogo de los padres y del movimiento», así como su demanda de justicia y castigo para los responsables de la desaparición.

Las consejeros han dicho «que iban a analizar las peticiones» para «dar una respuesta por escrito más adelante».

El abogado Isidoro Vicario, del centro de derechos humanos Tlachinollan, que apoya a las familias, ha recordado que las autoridades del municipio de Iguala (Guerrero) estuvieron involucradas en la desaparición de los 43 jóvenes.

La noche del 26 de setiembre de 2014 policías de Iguala atacaron a los estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes, según la versión oficial, los mataron e incineraron sus cuerpos.

El entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue detenido en noviembre pasado y está sometido a proceso penal como presunto autor intelectual de la agresión a los jóvenes.

Vicario ha declarado a la prensa que el texto entregado al INE pretende «exponer» por qué no hay condiciones para que sean elegidas las autoridades de Guerrero.

El próximo 7 de junio más de 83 millones de mexicanos están convocados a la urnas para elegir 1.996 cargos, incluidos 500 diputados federales y los gobernadores de nueve estados, entre ellos Guerrero.

Las familias de los jóvenes no creen la versión de la Fiscalía sobre el caso y exigen la búsqueda de los estudiantes con vida, así como la apertura de una línea de investigación sobre el papel de las fuerzas federales en los hechos de Iguala, en los que también murieron seis personas y 25 más resultaron heridas.

«Han sido seis meses de dolor y movimiento, seis meses sin encontrar a nuestros hijos; no es nada sencillo», declaró a su vez Melitón Ortega, portavoz de las familias, ante los manifestantes concentrados en las instalaciones del INE.

Los familiares han encabezado más tarde una manifestación en la que miles de mexicanos han marchado desde el Ángel de la Independencia, símbolo de la Ciudad de México, hasta el Monumento de la Revolución para recordar a los desaparecidos y exigir justicia.

Los manifestantes han coreado consignas contra el Gobierno, han mostrado carteles de inconformidad y con gestos de dolor han pedido el regreso con vida de los estudiantes.

En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) ha defendido que «ha realizado una investigación transparente, exhaustiva y apegada a derecho» sobre la desaparición.

Ha destacado que hasta ahora ha detenido a 104 personas, 48 de ellas policías de Iguala, 16 agentes municipales de Cocula y 40 miembros del cártel de Guerreros Unidos, y aún tiene que cumplir nueve órdenes de aprehensión.

«A seis meses de este lamentable suceso, las instituciones del Gobierno de la República no han cesado en su compromiso por detener al resto de los probables responsables de estos hechos y ponerlos a disposición de la justicia», ha acotado.