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ANKARA

Turquía aprueba una ley que permite a la Policía usar armas de fuego en manifestaciones

El Parlamento de Turquía ha aprobado este viernes por abrumadora mayoría una ley de seguridad que amplía los poderes de las fuerzas policiales y permite el uso de armas de fuego para dispersar manifestaciones.

Protesta en Ankara contra las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno. (Adem ALTAN/AFP PHOTO)
Protesta en Ankara contra las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno. (Adem ALTAN/AFP PHOTO)

El Parlamento turco ha aprobado tras un mes de debates una controvertida ley de seguridad que amplía los poderes policiales para usar armas de fuego y realizar registros sin autorización judicial, y cuyos debates han acabado en varias ocasiones incluso en peleas a puñetazos entre diputados.

Mientras que la oposición denuncia que esta normativa lleva al país por la senda de convertirlo en un estado policial, el Gobierno sostiene que mejora la seguridad ciudadana ofreciendo «mejores instrumentos» contra el «terrorismo y las protestas violentas».

Toda la oposición –socialdemócratas, nacionalistas y kurdos– ha rechazado la normativa, que ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del gubernamental Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP).

La normativa, que lleva por nombre «Reforma de la seguridad interior», amplía la posibilidad de que la Policía realice interrogatorios, registros y escuchas telefónicas sin autorización judicial, y refuerza la capacidad de los agentes para reprimir manifestaciones.

Entre otras cosas, la Policía podrá mantener bajo arresto durante 48 horas a sospechosos sin necesidad de autorización judicial, permite a los agentes disparar contra quienes les arrojen bombas incendiarias y quienes se cubran el rostro para evitar ser identificados durante protestas violentas pueden afrontar hasta cuatro años de cárcel.

La normativa autoriza a la policía a emplear sus armas reglamentarias contra manifestantes que les arrojen cocteles molotov o utilicen cualquier otra «arma que pueda herir», un término criticado por algunos juristas como muy vago.

La oposición considera que esta normativa supone poner de facto al país bajo una ley marcial, y el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo ya ha anunciado que denunciará la ley ante el Tribunal Constitucional.

Organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch también han expresado su preocupación por esta normativa, especialmente por ampliar la potestad en el uso de armas de fuego.