En el auto redactado para procesar a los once altos cargos y militares marroquíes, Ruz se basa en las declaraciones prestadas por 19 víctimas directas que permiten «corroborar la indiciaria veracidad» de los delitos denunciados, apoyadas en muchas ocasiones por «documentos de identidad de la época o fotografías de las lesiones sufridas como consecuencia de las torturas».

Destaca Ruz «el hecho fundamental que supuso el hallazgo» de dos fosas comunes en febrero de 2013 en la zona de Amgala (Sahara Occidental) «con 8 cadáveres que han sido plenamente identificados por el ADN, así como por la documentación que tenían entre sus prendas», a raíz de lo cual declararon las personas que presenciaron esas ejecuciones, así como sus familiares.

El magistrado se refiere a las conclusiones del informe ‘Meheri. La esperanza posible’, elaborado por investigadores vascos, que permitió documentar por primera vez ejecuciones extrajudicialesde saharauis llevadas a cabo por el Ejército marroquí.

Entre los procesados se encuentran el exgobernador de la Administración Territorial del Ministerio del Interior Abdelhafid Ben Hachem; el gobernador de Smara entre 1976 y 1978, Said Ouassou; el subgobernador de la provincia, Hassan Uychen; los inspectores de Policía en El Aaiún Brahim Ben Sami y Hariz El Arbi; el coronel de las Fuerzas Armadas Abdelhak Lemdaour y el teniente de la Gendermaría Real Driss Sbai. Contra todos ellos el juez acuerda la «busca, detención e ingreso en prisión» a efectos de extradición.

Además, Ruz procesa al coronel Lamarti y a los presuntos «responsables de genocidio» Muley Ahmed Albourkadi, Bel Laarabi y Abdelghani Loudghiri, que fueron identificados por algunas de sus víctimas. En estos cuatro casos, el magistrado solicita a las autoridades marroquíes que aporten los datos que posean para su «correcta identificación y filiación». Al mismo tiempo, rechaza procesar a otros ocho imputados por falta de pruebas y en un caso por prescripción de los delitos que se le atribuían.

La causa, que fue abierta por el juez Baltasar Garzón en 2007 en virtud de una querella presentada por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (Afapradesa), investiga ejecuciones, bombardeos de campamentos y torturas cometidos por las fuerzas marroquíes en el Sáhara desde el 6 de noviembre de 1975 y el 7 de octubre de 1992 imputables a los procesados o sin autor conocido.

Entre los hechos descritos se encuentran amputaciones de miembros a prisioneros, incluido un recién nacido, la quema de personas vivas o la aplicación de descargas eléctricas a refugiados que vivían en las localidades saharauis de El Aaiún, Smara y Amgala. En conjunto, el juez llega a contabilizar «50 delitos de asesinato» y otros 76 en grado de tentativa, 202 de detención ilegal, seis más sin dar cuenta del paradero del detenido, un delito contra la libertad sexual y 23 de lesiones.

El magistrado, que se remonta en su auto a la ocupación del Sahara Occidental en 1975, justifica el procesamiento por un delito de genocidio apuntando que las acciones cometidas por policías y militares se dirigieron «unívocamente contra los saharauis» que fueron «sometidos a persecución únicamente por el motivo de ser originarios de ese territorio que reclama Marruecos».

Las acciones de los procesados, según detalla el magistrado, tenían como única finalidad «destruir» a la población saharui «mediante el asesinato, las desapariciones forzadas o la reclusión durante grandes periodos de tiempo».

«Existe, por tanto, una finalidad de destrucción biológica de tales personas como tales y simplemente por su origen étnico, que se manifiesta a lo largo de las declaraciones de los testigos, que narran las referencias de los funcionarios marroquíes a la necesidad de acabar con los saharauis», señala el auto.